La Fiscalía General del Estado ha imputado por el delito de asesinato a José Ricardo Serrano, Xavier Edmundo Jordán, Ronnie Xavier Aleaga y Daniel Josué Salcedo por su presunta participación en el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
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La formulación de cargos se sustenta en declaraciones de testigos protegidos, informes periciales y testimonios anticipados que vinculan a los cuatro con la planificación, financiación y ejecución del crimen. La diligencia se efectúa este 3 de septiembre.
Los roles
Serrano, Aleaga y Jordán fueron imputados como autores mediatos del asesinato, conforme al artículo 140, numerales 9 y 10, y al artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
A su vez, Salcedo fue imputado como cómplice, bajo el artículo 43 del mismo cuerpo legal.
Todos habrían tenido distintos roles: Jordán como financiador, Aleaga como coordinador logístico, Serrano en calidad de enlace político, y Salcedo por sus vínculos con la organización delictiva “Los Lobos”.
La teoría fiscal se apoya en los testimonios anticipados de José Patricio A. y L. J. V. V., quienes revelaron que el asesinato fue pactado por una suma de dinero y que existió participación de actores políticos.
Además, se recogió el testimonio de Daniel Salcedo, quien, el 27 de junio de 2025, manifestó que Fernando Villavicencio “estaba golpeando duro” a los grupos delictivos que hoy se señalan como responsables.
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Uno de los testimonios clave afirmó que el excandidato fue asesinado por ser considerado una amenaza real para los intereses de estos grupos, al punto de que se planificó su eliminación a cambio de un pago y bajo protección logística.
Esta versión fue respaldada por otro testigo protegido, quien señaló directamente a Serrano, Jordán, Aleaga y Salcedo como parte de la estructura intelectual.
Desde el 19 de octubre de 2023, cuando se abrió la investigación previa bajo el nombre de “Caso Plaga”, la Fiscalía ha consolidado indicios que señalan el asesinato de Villavicencio como un crimen con alto nivel de planificación, motivación política y conexión directa con redes criminales.
La causa avanza con testimonios anticipados, pericias digitales, evidencia documental y la colaboración internacional, incluyendo al FBI. La justicia ecuatoriana busca esclarecer uno de los magnicidios más graves de su historia reciente.