El juez Jorge Chávez Tamariz ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) para evitar que evada la justicia en el juicio por cohecho pasivo propio, vinculado a sobornos recibidos durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).
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Sobornos presuntamente recibidos
La Fiscalía señaló que empresas adjudicatarias de las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua habrían entregado sobornos por 2,3 millones de soles (611.000 dólares). El juez consideró que existía peligro procesal y riesgo de fuga, debido a la falta de arraigo laboral y familiar de Vizcarra.
Traslado a prisión
Tras la resolución, Vizcarra fue llevado a la carceleta del Poder Judicial, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) autorice su ingreso a la prisión de Barbadillo, donde también se encuentran los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo.
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Argumentos de la Fiscalía
El fiscal Germán Juárez sostuvo que los pagos fueron corroborados por exejecutivos de las empresas mediante procesos de colaboración eficaz. Además, cuestionó los contratos laborales presentados por Vizcarra, que habrían sido “para aparentar arraigo”, mientras buscaba participar como candidato presidencial en 2026 con el partido Perú Primero, pese a sus inhabilitaciones.
El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, apeló la prisión preventiva y negó la presencia del expresidente en las reuniones clave señaladas por la Fiscalía.
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El juez aclaró que la medida no determina culpabilidad, sino que busca garantizar la correcta conducción del proceso, donde la Fiscalía solicita 15 años de cárcel.