El asesinato de Antonella, una niña de tan solo dos años, ha generado conmoción en Colombia. La pequeña murió tras presuntamente ser agredida por su madre, Silvana Torres, de 19 años.
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El caso ha sido ampliamente difundido en medios y redes sociales, provocando un fuerte debate sobre la salud mental, la violencia intrafamiliar y la protección de la niñez.
El 28 de julio de 2025, un juez de control de garantías legalizó la captura en flagrancia de Silvana Torres. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por homicidio agravado, aunque la acusada no aceptó los cargos. Esto abre la posibilidad de que su defensa explore otras estrategias jurídicas.
Posible condena por homicidio agravado
El abogado colombiano Jimmy Jiménez explicó en una entrevista con el diario local El Tiempo, que dadas las circunstancias del crimen, la mujer podría enfrentar una condena cercana a los 50 años de prisión.
Esto se debe a la gravedad del delito, la edad de la víctima, la relación de parentesco y la posible existencia de crueldad.
Además, la Fiscalía evalúa si puede imputar también violencia intrafamiliar agravada, debido a que la madre tenía autoridad y vínculo directo con la menor.
¿Inimputabilidad por trastorno mental?
Una posible línea de defensa sería alegar inimputabilidad por trastorno mental, amparada en el artículo 32 del Código Penal colombiano.
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Este artículo establece que no se puede atribuir responsabilidad penal a quien, por una alteración mental grave, no pueda comprender la ilicitud de sus actos.
Sin embargo, hasta el momento no existen registros oficiales de que Silvana Torres estuviera en tratamiento psiquiátrico.
La defensa tendría que presentar una evaluación clínica rigurosa que demuestre que, al momento del crimen, la joven madre no era consciente de sus actos.
El caso exige más que justicia penal
Jimmy Jiménez subraya que este crimen no solo debe resolverse judicialmente, sino que también llama a una reflexión institucional.
“Este caso refleja fallas en la atención a la salud mental, en los sistemas de alerta por violencia intrafamiliar y en la protección efectiva de los menores de edad”, señaló el abogado.
El caso de Antonella ha dejado una marca profunda en la opinión pública, y sus implicaciones podrían impactar tanto en el sistema judicial como en las políticas públicas de protección infantil en Colombia.