La historia judicial de Julieta Silva suma un nuevo capítulo. La mujer, que en 2017 fue condenada por la muerte de su entonces pareja, Genaro Fortunato, volvió a ser detenida, esta vez por denuncias de violencia intrafamiliar y por amenazar a la hija de su actual esposo, Lucas Giménez.
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La denuncia más reciente fue presentada la semana pasada ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Este lunes, el fiscal de feria ordenó su detención inmediata y traslado a un penal, por considerar que violó medidas de restricción y podría estar interfiriendo en el proceso judicial.
Amenazas, desobediencia y antecedentes
Silva fue imputada por desobediencia y amenazas, luego de incumplir una prohibición de acercamiento hacia la hija de su pareja, dictada por un Juzgado de Familia. El conflicto se intensificó días antes, cuando Giménez denunció haber sido agredido físicamente por ella. La policía constató lesiones visibles en el cuerpo del denunciante.
Como medida de protección, se le colocó una tobillera electrónica y se le prohibió acercarse tanto a su esposo como a su hija. No obstante, Silva habría violado esta disposición judicial. Por ello, las autoridades decidieron su reclusión en un penal provincial y el resguardo de la menor, quien ahora permanece bajo el cuidado de su abuela materna.
“La imputada podría estar influenciando las declaraciones del denunciante, y ha incumplido las reglas de conducta impuestas”, informó el Ministerio Público Fiscal.
El crimen de Genaro Fortunato
Silva ya tenía antecedentes judiciales por un caso que conmocionó a Argentina en 2017. El 9 de septiembre de ese año, atropelló a su novio Genaro Fortunato a la salida de un boliche en San Rafael, Mendoza. Tras una discusión, Fortunato intentó detenerla y se interpuso en el camino del vehículo, pero Silva lo embistió y luego lo volvió a pasar por encima.
Durante el juicio, la mujer aseguró que no lo había visto: “Estaba oscuro, llovía y no tenía mis anteojos puestos”. Sin embargo, un testigo ocular declaró que Silva fue alertada de lo ocurrido antes de abandonar el lugar.
En 2018, un tribunal la condenó a tres años y nueve meses de prisión domiciliaria, tras calificar el hecho como homicidio culposo y no intencional. Cumplida la pena, rehízo su vida y contrajo matrimonio con Giménez, con quien tuvo una hija. Hoy, su libertad vuelve a estar comprometida.