El martes 16 de julio de 2025 se realizaron dos audiencias de calificación de flagrancia en Machala, donde fueron procesados Jaime Enrique Santacruz Cruz, alias “Mito”, y Kevin Andrés Ronquillo Pinzón, alias “Ronquillo”, junto a cinco personas más detenidas durante el operativo policial Gran Fénix 32. Todos fueron aprehendidos por su presunta relación con la banda delictiva Los Lobos.
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Cinco liberados pese a evidencias
La primera audiencia fue presidida por la jueza María Fernanda Gallardo Muñoz y el fiscal Paul Íñiguez. La jueza declaró legal la detención, pero dejó en libertad a cinco de los detenidos. Solo uno recibió medida cautelar de presentación periódica cada ocho días.
Pese a existir un informe balístico que confirmaba la aptitud de disparo de un arma incautada y evidencias de la vinculación de los detenidos con Los Lobos, el fiscal habría increpado a los policías por incluir dicha asociación en su informe.
‘Ronquillo’ con medida leve
La segunda audiencia, presidida por el juez Ramiro Fernando Loaiza Ortega y con participación del fiscal Junot Minuche Cuesta, dictó presentación cada 30 días para Kevin Ronquillo, también con antecedentes penales.
Ronquillo, al igual que alias “Mito”, fue uno de los principales objetivos del operativo Gran Fénix 32, desarrollado por unidades especializadas de la Policía Nacional para desarticular estructuras delictivas en El Oro.
“Es inaceptable”
El ministro del Interior, John Reimberg, expresó su indignación a través de su cuenta oficial en X:
“Mientras el Gobierno enfrenta con firmeza al crimen organizado y arriesga la vida de su personal en operativos complejos, ciertos operadores de justicia optan por dejar en libertad a quienes representan una amenaza directa a la seguridad del país. Esta falta de coherencia e irresponsabilidad en la administración de justicia es inaceptable.”
El operativo Gran Fénix 32 es parte de una serie de acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional para recuperar el control de zonas afectadas por el crimen organizado. La liberación de los implicados genera fuerte preocupación sobre la articulación entre las fuerzas del orden y el sistema judicial.
