El hecho se remonta a abril de 2018, cuando el abogado representó a Íder Ramón Sh. G. en un juicio laboral que concluyó con un fallo favorable. La jueza del caso ordenó que la exempleadora del trabajador le pague USD 7.780 por concepto de remuneraciones no canceladas.
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Aprovechándose de que su cliente no sabía leer ni escribir correctamente y desconocía los términos legales del proceso, el abogado recibió el dinero –en efectivo, cheques y transferencias– sin informarle del resultado ni del cobro, según la Fiscalía. Posteriormente, ingresó un escrito en el que notificaba que el pago había sido realizado.
Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía reveló que ese documento contenía información falsa y una firma adulterada. El peritaje caligráfico determinó que los rasgos correspondían al propio abogado. Con este escrito, indujo al error a la jueza, quien declaró extinguida la obligación, creyendo que el dinero había sido entregado a la víctima.
“De esta manera, se causó un perjuicio tanto a Íder Ramón Sh. G. como a la exempleadora, que confió en la diligencia del abogado”, sostuvo el Fiscal del caso.
El agricultor se enteró del fallo favorable meses después, al revisar su expediente. Días más tarde, por coincidencia, se encontró con su exempleadora en la calle, quien le informó que ya había cumplido con el pago.
Luego de confrontar al abogado y recibir excusas sobre una supuesta cuenta bancaria bloqueada, este le ofreció un terreno como compensación, opción que la víctima rechazó.
Sentencia y medidas reparatorias
El Tribunal Penal condenó al abogado a un año de prisión como autor de fraude procesal, además del pago de cuatro salarios básicos unificados y la devolución de USD 8.780, suma que incluye las costas procesales.
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Tras la sentencia, el abogado solicitó la suspensión condicional de la pena. El Tribunal aceptó bajo el cumplimiento de diez condiciones: entre ellas, pagar la reparación integral en un plazo de treinta días, asistir a clases de ética profesional y someterse a tratamiento psicológico.
El caso fue tramitado conforme al artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de fraude procesal.
La sentencia busca reparar el daño causado y sienta un precedente sobre la responsabilidad ética y legal de los profesionales del derecho. Cualquier incumplimiento en las condiciones impuestas dará lugar a la ejecución de la pena en un centro de rehabilitación social.
