El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional una propuesta de reforma a la Constitución que tiene como eje central la posibilidad de legislar sobre dos medidas clave en la lucha contra los delitos sexuales: la castración química para violadores sentenciados y la creación de un registro reservado de agresores sexuales.
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De acuerdo con el comunicado oficial del Ejecutivo, esta reforma permitiría desarrollar leyes específicas que habiliten el uso de tratamientos farmacológicos para disminuir la reincidencia en casos de violencia sexual, así como establecer un mecanismo de control reservado que impida que los condenados por este tipo de delitos accedan a cargos o actividades relacionadas con menores de edad.
La iniciativa deberá pasar primero por el filtro de la Corte Constitucional, que deberá emitir un dictamen de admisibilidad sobre la vía de reforma. Si la Corte da luz verde, el proyecto continuará su curso en la Asamblea Nacional, donde será debatido por los legisladores.
“El Gobierno ha actuado. Ahora el país conocerá quiénes están verdaderamente del lado de las víctimas”, expresó la Presidencia en el comunicado difundido este viernes.
El debate se anticipa intenso. Mientras algunos sectores respaldan la medida como una forma de protección a la niñez, otros alertan sobre la necesidad de respetar los marcos legales y principios de derechos humanos. La castración química ya ha sido aplicada en otras jurisdicciones bajo criterios estrictos, pero su implementación en Ecuador marcaría un precedente sin antecedentes en la legislación penal nacional.
La propuesta también pone énfasis en la creación de un registro confidencial que permitiría a las instituciones públicas identificar y restringir la reinserción de agresores sexuales en espacios sensibles.
Organismos de derechos humanos han reiterado que cualquier medida de este tipo debe cumplir estándares internacionales y garantizar la proporcionalidad de las sanciones dentro de un Estado de derecho.
