La Fiscalía General del Estado informó que continúa en desarrollo la instrucción fiscal por el asesinato de Mónica Dioselina Páez Hinojosa, de 70 años, ocurrido el 16 de marzo de 2025 en el norte de Quito. Dos de los implicados cumplen prisión preventiva por orden judicial, mientras una tercera sospechosa fue detenida recientemente.
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La víctima fue hallada sin vida dentro de su vehículo de color blanco, con impactos de bala en la región torácica y craneal. Las investigaciones apuntan a que el crimen habría sido motivado por una disputa por herencia, ya que Páez contaba con solvencia económica.
Según la Fiscalía, el nieto de la víctima, Juan A., y Joffre S. son procesados como coautores del asesinato. Ambos fueron capturados el 9 de abril tras operativos realizados en viviendas del norte de la ciudad. En uno de los inmuebles compartido con la víctima fue hallado el familair de la víctima, mientras que Salvatierra habría conducido uno de los vehículos utilizados en el crimen.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó imágenes de cámaras de seguridad que captaron los momentos previos al crimen. En ellas se observa una motocicleta roja con blanco desde la cual se habrían efectuado los disparos hacia el vehículo de la víctima.
Un familiar declaró que Juan A. vivía con su abuela desde noviembre de 2023, tras la detención de su padre, hijo de la víctima, que se encuentra privado de libertad.
Como parte de la misma causa, el 8 de julio fue detenida Juliana P., ciudadana extranjera, tras descubrirse movimientos bancarios sospechosos a su favor vinculados al caso. En el momento de su aprehensión se encontraba con su expareja Bryan B. Becerra, quien también fue detenido debido a una orden judicial pendiente por tráfico de drogas.
Durante los allanamientos se recabaron indicios que están siendo procesados por las autoridades. La causa se tramita conforme al artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el asesinato con penas de entre 26 y 30 años de prisión.
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Juliana P. fue trasladada a un centro penitenciario, y la instrucción fiscal se extenderá durante 30 días.
