Uno de los escenarios más alarmantes que refleja la violencia en Ecuador es el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos de delincuencia organizada. Este fenómeno plantea interrogantes urgentes sobre los objetivos de estas bandas al incorporar niños y adolescentes en sus filas.
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María José Escobar, gerente del programa Comunidades Seguras de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), expone las conclusiones del “Estudio sobre la vinculación de niños, niñas y adolescentes a organizaciones criminales en Ecuador”.
Según Escobar, el propósito del estudio es entender cómo se produce esta vinculación en nueve ciudades del país: Portoviejo, Manta, Babahoyo, Quevedo, Santa Elena, Durán, Esmeraldas y Machala, zonas con altos índices de criminalidad. El estudio responde a preguntas clave: ¿cómo los captan?, ¿cómo conocen de las bandas?, ¿qué les está fallando en su entorno para aceptar esta pertenencia?
El entorno: entre vulnerabilidad y normalización
El estudio revela que más del 50% de los jóvenes encuestados afirman conocer o haber escuchado de la presencia de organizaciones criminales en sus barrios. “Eso demuestra que ya están familiarizados con esta realidad”, indica Escobar.
La experta destaca que el entorno familiar es fundamental como factor de protección. Sin embargo, muchos menores viven en contextos de vulnerabilidad estructural: sin servicios básicos, sin garantías de derechos y sin espacios seguros, lo que los vuelve altamente propensos al ingreso a un GDO (Grupo de Delincuencia Organizada).
La seducción de la narcocultura
Escobar advierte que las bandas criminales manipulan a los menores a través de una narrativa aspiracional: dinero fácil, respeto, propósito y poder. Esta “narcocultura” les promete una identidad que muchas veces no encuentran en su entorno.
Además, el estudio identifica que las redes sociales —como WhatsApp, Facebook y TikTok— se han convertido en las principales plataformas para captar a estos jóvenes. “Es vital hablar de esto dentro del hogar”, recalca.
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Reclutamiento entre pares y presencia de bandas
Los adolescentes identifican a “Los Lobos”, “Los Tiguerones” y “Los Chone Killers” como bandas presentes en sus barrios. El primer contacto suele venir de un par, un amigo cercano. Incluso, en Esmeraldas, algunos mencionaron que familiares directos forman parte de estas organizaciones.
“Muchas veces sienten que pertenecer a una banda les dará respeto, protección o beneficios económicos”, señala Escobar. Añade que, por tratarse de menores, cualquier consentimiento es viciado: “no podemos hablar de decisiones libres”.
Niños como carne de cañón
El estudio alerta sobre la evolución del crimen organizado en Ecuador. Las bandas ya no solo cometen delitos comunes: están inmersas en narcotráfico, sicariato y extorsión. Para ellos, utilizar menores es rentable. Son “carne de cañón”, descartables.
Desde los 12 años, muchos son usados como mensajeros o campaneros. A medida que crecen, se les asignan tareas más graves como sicariato o extorsión. El objetivo de fondo: ganar territorio y consolidar la narcocultura.
Escuelas: ¿espacios de riesgo?
Un hallazgo alarmante: uno de cada cuatro encuestados afirma haber visto armas o drogas dentro de su institución educativa. Escobar sostiene que “las escuelas deben ser espacios seguros que fortalezcan los factores de protección, no sitios donde se reproduzcan los riesgos”.
El 16,2% reportó haber estado expuesto al consumo de drogas, lo cual también es una vía de captación para las bandas.
Víctimas y victimarios: la necesidad de una política integral
Para Escobar, estos menores deben ser tratados como víctimas, aunque hayan cometido delitos. “Debe existir un enfoque de rehabilitación y reinserción, además de justicia”, afirma. Perseguir a los cabecillas y ofrecer alternativas reales a los jóvenes debe ser prioridad.
El rol del Estado
La experta subraya que sin datos, no hay política pública efectiva. El estudio propone una hoja de ruta con recomendaciones al gobierno nacional y a organizaciones que deseen aportar a la prevención.
Aunque existe una estrategia oficial contra el reclutamiento, que involucra a 16 instituciones, Escobar advierte: “si no hay seguimiento, presupuesto y medición de resultados, no sabremos cuántos jóvenes se salvaron o cuántos pudieron reinsertarse”.
La solución, concluye, está en el trabajo articulado, con respuestas integrales en educación, salud, seguridad, acompañamiento familiar y derechos humanos.
