El presidente Daniel Noboa anunció el referéndum a finales de este 2025, donde los ciudadanos decidirán el posible retorno de la base militar de Estados Unidos a Manta. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno para intensificar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país.
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El anuncio fue realizado por Noboa durante una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, al concluir su gira oficial por China, España e Italia.

Luz verde del Parlamento a bases militares extranjeras
El pasado 3 de junio, la Asamblea Nacional dio un paso crucial al aprobar la reforma del artículo 5 de la Constitución. Esta modificación abre la puerta a la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, una propuesta que el presidente Noboa ya había manifestado en octubre de 2024.
Actualmente, el artículo 5 de la Carta Magna establece que Ecuador es un “territorio de paz” y prohíbe el asentamiento de bases militares foráneas. Esta prohibición fue incluida en la Constitución de 2008, lo que llevó a la salida de Estados Unidos de la base de Manta en 2009.
Para que el referéndum se concrete, es indispensable un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Una vez obtenido, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá un plazo de 45 días para convocar la consulta popular. Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, señaló este lunes que “en este momento no se ha hecho algún avance respecto de ese tema”.
Cooperación internacional
En la misma entrevista con el Corriere della Sera, Daniel Noboa enfatizó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia. El presidente ecuatoriano destacó que la presencia militar europea en bases de Ecuador sería fundamental para el control marítimo del narcotráfico y la minería ilegal.
Noboa subrayó que considerar la situación de inseguridad y delincuencia de Ecuador como un problema meramente local es un error. Explicó que el 40% de las sustancias ilícitas que salen del país andino tienen como destino Estados Unidos y otro 40% se dirige a la Unión Europea, resaltando la naturaleza transnacional de este flagelo.