La Fiscalía ha dado a conocer un grave caso de corrupción policial. Cinco agentes en servicio activo de la Policía Nacional han sido detenidos y enviados a prisión preventiva, acusados de vender armas y municiones a bandas criminales como “Freddy Krueger” y “Mafia 18”. Este hecho pone en evidencia una trama de delincuencia organizada que operaba desde de la institución.
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¿Cómo operaba la red de venta de armas policiales?
La investigación, que inició el 13 de enero de 2025 bajo el nombre de operativo “Depuración Azul”, desveló un modus operandi alarmante. Según la Fiscalía, el cabo encargado del Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía, era la pieza clave. Él se encargaba de sustraer municiones para fusiles calibre 5.56 milímetros y proyectiles 9 milímetros para pistolas directamente de las bodegas policiales.
Una vez obtenidas las armas, los agentes utilizaban un taxista, también detenido, como intermediario para trasladar el armamento. Posteriormente, el material bélico era enviado a las bandas criminales a través de empresas de transporte interprovincial con destino a Guayas, cuya capital, Guayaquil, es uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal que azota al país.
Detalles del operativo
El 3 de julio, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura y Cotopaxi. Durante los operativos, se confiscaron armas de fuego, municiones, ordenadores y documentación crucial para la investigación. En total, el operativo dejó 10 detenidos.
Jeff García, director nacional de Asuntos Internos de la Policía, confirmó en una rueda de prensa que la investigación “permitió demostrar la configuración de roles, financiamiento y funciones dentro de la red”. Esta trama involucraba a servidores policiales de la Dirección Nacional de Logística y a civiles vinculados con grupos delictivos organizados de Guayaquil.
La jueza a cargo del caso acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para siete de los ocho procesados. Para la octava detenida, se aplicaron medidas alternativas como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, debido a la implicación de su pareja en el caso y la necesidad de cuidar a sus hijos menores de edad.
Impacto en la lucha contra la violencia y el crimen organizado
Este escándalo se produce en un momento crítico para Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa declaró a inicios de 2024 el “conflicto armado interno” contra las organizaciones criminales, a las que calificó de “terroristas”. La implicación de agentes policiales en la venta de armamento a estas mismas bandas representa un duro golpe a la confianza ciudadana y a los esfuerzos del Estado por combatir la inseguridad.
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La “Depuración Azul” es un paso importante para limpiar las filas de la Policía Nacional y asegurar que quienes deben proteger a los ciudadanos no sean quienes abastezcan a los criminales. Sin embargo, este caso subraya la complejidad de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Ecuador.