El cuerpo fue encontrado en bolsas, desmembrado. La autopsia reveló que la bebé nació con vida y murió por asfixia. Su madre, ecuatoriana, es la principal sospechosa.
PUBLICIDAD
Bebé descuartizada
La mujer ecuatoriana de 39 años, identificada como Erika, fue detenida por la Guardia Civil de España tras ser acusada del asesinato de su hija recién nacida.
El cuerpo de la bebé, además fue repartido en varias bolsas de basura, y fue hallado en la madrugada del 12 de diciembre de 2024 en el vertedero de Loeches, en la Comunidad de Madrid.
Los restos que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se realizó la autopsia, confirmó que la menor nació con vida, tenía al menos cinco días de nacida y murió por asfixia, descartando que las lesiones fueran provocadas por el sistema mecánico del vertedero.
Inspección clave: autopsia y trabajo con agente canino
La inspección en la planta de reciclaje duró más de cuatro horas, y fue crucial para el hallazgo de los restos.
Participó Dylan, un perro agente K-9 del Servicio Cinológico Central, especializado en rastreo biológico, quien ayudó a localizar partes del cuerpo de la bebé, incluida la cabeza, en medio de los residuos.
Las bolsas provenían de Puente de Vallecas
Las autoridades determinaron que las bolsas donde fueron hallados los restos procedían del barrio Puente de Vallecas, cerca de la autopista M-30.
PUBLICIDAD
La madre vivía en un sexto piso con su pareja y tres hijos de entre 8 y 14 años. Según la hipótesis policial, dio a luz en su casa, asesinó a la bebé y luego la descuartizó para ocultar el crimen.
No registró a la bebé ni pidió ayuda médica
Erika no acudió a ningún hospital ni inscribió a la bebé en el registro civil. La Guardia Civil cree que actuó sola. Durante el cateo en su vivienda, la mujer no emitió ninguna declaración. Los investigadores encontraron restos biológicos que confirmarían que el parto y el crimen ocurrieron dentro del domicilio.
La mujer podría enfrentar cargos por homicidio agravado con alevosía y ocultamiento de cadáver, que en España pueden ser castigados con prisión permanente revisable, la pena más severa del sistema judicial.
