El exvicepresidente Jorge David G. E. fue trasladado nuevamente al Centro de Privación de Libertad CPL Guayas N.º 3, luego de cumplir con diligencias judiciales. Este traslado se realizó bajo resguardo del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, conforme a los protocolos establecidos.
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El traslado se produce tras la reciente sentencia emitida por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que lo declaró culpable, junto a Carlos Andrés B. A., del delito de peculado. Ambos fueron condenados a 13 años de pena privativa de libertad.
Tribunal halló responsabilidad en mal uso de fondos públicos
El fallo judicial concluyó que, aunque ninguno firmó directamente documentos oficiales, los dos procesados coadyuvaron a la ejecución del delito. Según la Fiscalía General del Estado, los fondos públicos involucrados provenían de la Ley de Solidaridad, creada para atender la emergencia tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
Durante el juicio, que se extendió cinco días, se presentaron veinte testimonios y veinticinco pruebas documentales. Estas evidencias demostraron que los recursos fueron destinados a proyectos no prioritarios, como el Parque Las Vegas y el Tramo Acceso al Puerto de Manta, sin atender las necesidades urgentes de los afectados por el desastre natural.
Sentencia incluye multa y reparación por daños al Estado
Además de la pena privativa de libertad, los sentenciados deberán pagar una multa equivalente a sesenta salarios básicos unificados y cumplir con una reparación integral al Estado por un total de 250 millones de dólares.
Como parte de la reparación inmaterial, Jorge G. y Carlos B. deberán ofrecer disculpas públicas ante el juez de ejecución y a la ciudadanía mediante un video con la frase: “La corrupción no es solo un delito, es una traición a la confianza del pueblo”.
La sentencia también señaló que hubo uso indebido de recursos, incumplimiento de la Ley de Contratación Pública y priorización de obras que, según peritajes, fueron calificadas como “elefantes blancos”, por su baja utilidad pública y alto costo.
