La Unión Nacional de Educadores (UNE) convocó una movilización nacional para el próximo 11 de julio de 2025 en Quito. El gremio exige la declaratoria de emergencia del sistema educativo, la asignación de presupuesto y rechaza lo que consideran la inconstitucionalidad de la Ley de Integración Pública.
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El anuncio se realizó este lunes 30 de junio mediante un comunicado oficial, en el que además se refirieron a las recientes medidas del Gobierno en materia de seguridad en escuelas y colegios. La UNE afirmó que varias de esas disposiciones son propuestas que ellos mismos entregaron previamente a autoridades.
Reclamos sobre medidas de seguridad educativa
Sobre el plan “Nos Cuidamos”, la UNE exigió la participación de todos los actores del sistema educativo en su diseño. En cuanto a los protocolos contra extorsión, amenazas o reclutamiento en zonas de riesgo, la organización señaló que no son iniciativas del Ejecutivo, sino parte de las 15 propuestas que presentaron el pasado 23 de junio a la ministra de Educación, Alegría Crespo; a la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Inés Alarcón; y a funcionarios del Ministerio de Gobierno.
La UNE también recordó que la sugerencia de ajustar horarios en zonas conflictivas fue suya, y que debe respetarse lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en especial sobre jornada laboral y educación nocturna.
Sobre el proyecto de reformar la LOEI, el gremio exige que se enfoque en la creación de un sistema integral de seguridad y salud en las instituciones educativas, y no en el debilitamiento de derechos del magisterio ni del estudiantado.
Emergencia educativa y llamado a políticas públicas
Además, la UNE cuestionó que la actuación de la fuerza pública en centros educativos ya está prevista en los protocolos vigentes, y que no se está anunciando nada nuevo. En ese sentido, manifestaron preocupación por el enfoque meramente normativo de las acciones oficiales, sin mención a políticas públicas integrales.
“Reiteramos el llamado a declarar la educación en emergencia. No para cerrar escuelas, sino para garantizar presupuesto y políticas públicas reales”, sostuvo la UNE, que plantea:
- Un plan integral de seguridad escolar con enfoque territorial.
- Acciones para reinsertar a miles de estudiantes excluidos por la violencia.
- Ejecución de políticas sociales con financiamiento adecuado.
