Una estructura delictiva dedicada a la extorsión, que operaba desde un call center ubicado en el sector de La Carolina, al norte de Quito, fue desmantelada en un operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional. Por el caso hay 40 personas procesadas, incluidos dos ciudadanos extranjeros, quienes serían los dueños de dicha empresa.
PUBLICIDAD
El hecho ha generado reacciones inmediatas: familiares de los procesados anunciaron que fueron “inculpados por los dueños del call center”.
Este lunes 30 de junio de 2025 realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía de Flagrancia. Sin embargo, la Fiscalía informó el pasado 27 de junio los argumentos que sostendrían la participación de 40 personas en el caso; en un primer momento la Policía detuvo a 60 personas.
Lo que se sabe del caso
La noche del 26 de junio, se realizó la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra los cuarenta presuntos integrantes de esta red, que usaba como fachada la empresa LKL-WELLCALL. A 39 se les dictó prisión preventiva y una mujer recibió medidas sustitutivas por su estado de gestación.
Las investigaciones revelan que la organización funcionó por al menos un año y tenía una estructura jerárquica bien definida, encabezada por dos ciudadanos chinos identificados como Xu J. y Gu X., quienes residían en un departamento desde donde también se incautó evidencia.
Una industria de extorsión digital con uso de tecnología y amenazas
La Fiscal del caso detalló que los operadores, desde sus estaciones con computadoras, realizaban llamadas y enviaban mensajes extorsivos a personas en Ecuador, Colombia y México. Utilizaban una plataforma digital que contenía datos personales e imágenes de las víctimas. Estas eran manipuladas para crear montajes con contenido sexual explícito y luego usadas como método de amenaza.
Además, enviaban videos y fotos de personas desmembradas para intimidar a las víctimas y exigían grandes sumas de dinero. Los operadores recibían bonificaciones si superaban recaudaciones mensuales de 1.200 dólares. Además, ofrecían créditos sin autorización legal y luego extorsionaban a quienes accedían a ellos.
PUBLICIDAD
Roles definidos y conexiones directas con los líderes
Según el Ministerio Público, Luis Geovanny C. R. estaría a cargo del área de talento humano, responsable de contratar personal, distribuir chips telefónicos y gestionar pagos. Bajo su dirección operaban cinco “líderes de segmento”: Edwin Bryan P. A., quien asignaba usuarios, contraseñas y bases de datos, junto a Roberto Andrés G. M., Nicole Tatiana D. L., Sandra Teresa J. M., Carlos Rodney Q. M. y Nayeli Elizabeth C. M.
Contexto legal y consecuencias penales
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Fiscalía continúa con la investigación y recolección de pruebas.
