La Audiencia Nacional de España ha dado luz verde a la extradición a Ecuador de William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Comandante Willy’, señalado como uno de los líderes de la banda Los Tiguerones. Alcívar Bautista es acusado de participar en el asalto al canal TC Televisión en enero de 2024, un evento que conmocionó al país durante una intensa ola de violencia.
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La condición de España
Sin embargo, la entrega no es incondicional. En un auto emitido este martes, la justicia española exige a Ecuador garantías efectivas para proteger la vida e integridad personal de Alcívar Bautista una vez que sea encarcelado en el país sudamericano. Ecuador tiene un plazo de tres meses para presentar estas garantías.
Detalles del asalto y fundamentos de la extradición
Según la descripción de los hechos proporcionada por las autoridades ecuatorianas, el 9 de enero de 2024, alrededor de las 14:00 horas, un grupo de individuos, entre ellos el reclamado, ingresó por la fuerza a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil mientras se realizaba una transmisión en vivo.
El relato detalla cómo los asaltantes neutralizaron al personal y amenazaron a uno de los presentadores con armas de fuego, apuntando a su cabeza e incluso colocando explosivos en su chaqueta. El objetivo era obligarlo a suplicar de rodillas que no le hicieran daño. El expediente de extradición concluye que, en este “acto terrorista”, los trabajadores del canal fueron coaccionados para pedir a la Policía Nacional que abandonara las instalaciones.
La Audiencia Nacional española considera que estos hechos, bajo la legislación ecuatoriana, constituyen un delito de terrorismo, lo cual tiene correspondencia en el Código Penal español. La resolución desestimó todos los argumentos presentados por la defensa de Alcívar Bautista para oponerse a la extradición.
Exigencias por la situación carcelaria en Ecuador
La decisión de la Audiencia Nacional de imponer condiciones se debe a la preocupante situación de violencia en las cárceles de Ecuador. En concreto, España exige que, en un plazo de tres meses, las autoridades ecuatorianas “presten garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” para asegurar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos.
Además, se demanda que la situación en las prisiones ecuatorianas “se haya normalizado”, conforme a lo que dictaminen los órganos de observación especializados del sistema regional de protección de los derechos humanos.
