La Fiscalía General del Estado informó que luego de haber analizado las pruebas presentadas durante la audiencia de juicio, el Tribunal de Garantías Penales del caso acogió la tesis de la Fiscalía General del Estado y sentenció a veintiséis años de privación de libertad a Esteban F., y Fersin C., tras declararlos culpables del asesinato de cinco personas, en un hecho ocurrido en enero de 2024 en el cantón Vinces. Otras ocho personas resultaron heridas durante el ataque.
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El crimen, de acuerdo con el Ministerio Público, se produjo en los exteriores de una vivienda donde se celebraba una fiesta, en Vinces, provincia de Los Ríos. Hasta el lugar llegaron varias personas a bordo de dos camionetas y dispararon en reiteradas ocasiones contra los asistentes, provocando cinco muertes. Luego del ataque, los implicados huyeron del lugar, y los heridos fueron trasladados a una casa de salud.
Con la información proporcionada por los testigos, la Policía Nacional emprendió la búsqueda de los vehículos involucrados, pero no logró encontrarlos. Sin embargo, la investigación continuó y, tras recabar suficientes elementos de convicción, se identificó a varios de los presuntos atacantes. Dos de ellos fueron detenidos y se formularon cargos en su contra.
En la audiencia de juicio, el Fiscal del caso sustentó la acusación con diversos elementos probatorios, entre ellos el acta de levantamiento de los cadáveres, los informes de los protocolos de autopsia y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos.
Además, para comprobar la responsabilidad de los ahora sentenciados, los miembros de Tribunal escucharon varios testimonios de personas que estuvieron en el lugar cuando ocurrió el ataque, de los agentes que acudieron a la emergencia y de quienes detuvieron a los dos procesados.
También, Fiscalía dio a conocer los resultados de pericias de extracción de videos de cámaras de seguridad públicas y privadas, la pericia balística, el acta de levantamiento de evidencias encontradas en el sitio del ataque, entre otras pruebas.
Tras valorar los elementos probatorios, el Tribunal concluyó que fueron suficientes para determinar la responsabilidad penal de los procesados.
A la fecha en que ocurrió el hecho, el delito de asesinato –tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)– estaba sancionado con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
