Con la reciente aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional por parte de la Asamblea Nacional, Ecuador reintroduce un instrumento legal clave en la lucha contra el narcotráfico: la antigua tabla de consumo de drogas, que ahora reaparece con otro nombre y un enfoque reformulado.
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Bajo la nueva legislación, esta herramienta se denomina “parámetros referenciales” y tiene como objetivo principal ayudar a jueces y fiscales a diferenciar entre consumo personal y microtráfico.
Diferencias de la tabla de drogas del gobierno de Daniel Noboa con la anterior
El nuevo marco legal, propuesto por el Ejecutivo con carácter económico urgente, busca llenar el vacío dejado tras la eliminación de la tabla original en noviembre de 2023, cuando el Decreto Ejecutivo N.º 28 derogó los gramajes máximos permitidos para sustancias como marihuana, cocaína y heroína.
Desde entonces, la aplicación de justicia en casos de drogas quedó sujeta a criterios variables, aunque parcialmente cubiertos por una resolución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y una guía del Ministerio del Interior basada en evaluaciones médicas y sociales.
Con la Ley de Solidaridad, se establece que el Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura definirán los nuevos parámetros de consumo, sin retomar necesariamente las cifras exactas de la antigua tabla.
Además, se prioriza la rehabilitación y la reinserción social de los consumidores, evitando su criminalización automática.
Las personas que porten drogas para uso personal no serán penalizadas de forma inmediata, pero deberán someterse a exámenes psicosociales y médicos.
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Penas más duras para el crimen organizado
La normativa también refuerza la lucha contra las organizaciones criminales.
Se tipifica el delito de pertenencia a grupos armados organizados, en el marco del conflicto armado interno, con penas de hasta 26 años de prisión.
Los líderes y financistas podrían enfrentar condenas de hasta 30 años, mientras que los colaboradores, incluso esporádicos, no estarán exentos de sanciones severas.
Nuevas figuras penales y medidas más estrictas
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del catálogo de delitos conexos, que ahora incluye:
- Lavado de activos
- Tráfico de armas
- Extorsión
- Minería ilegal
- Trata de personas
- Reclutamiento de menores
Para estos casos, se eliminan las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que pasa a ser obligatoria.
Además, el tiempo de detención en flagrancia se extiende de 24 a 72 horas, otorgando más margen a las autoridades para investigar delitos complejos.
Formación especializada para jueces y fiscales
La ley también contempla la especialización obligatoria de jueces y fiscales que participen en estos procesos. Deberán estar capacitados en temas de crimen organizado, corrupción y conflictos armados internos, fortaleciendo así la respuesta institucional frente a los nuevos desafíos de seguridad.
La Ley de Solidaridad Nacional marca un nuevo rumbo en la política antidrogas y penal de Ecuador, combinando prevención, castigo y justicia diferenciada en un contexto de creciente violencia y crimen organizado.
