La Asamblea Nacional del Ecuador implementó una nueva disposición administrativa que impone multas económicas automáticas a los asambleístas que lleguen tarde o falten a trabajar. Esta medida, vigente desde el 2 de junio de 2025, fue anunciada por el presidente del Legislativo, Neils Olsen, quien compartió los detalles a través de su cuenta de Instagram.
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“Ser puntual es una forma sencilla de mostrar respeto y compromiso. Más de 20 asambleístas serán multados por atrasos y faltas injustificadas al Pleno de ayer, donde debatimos temas de seguridad para nuestro país. Fuimos elegidos para trabajar por el país, y parte de ese trabajo implica estar presentes, a tiempo, y ser el ejemplo que Ecuador necesita. Estas medidas son molestosas, pero necesarias porque las reglas existen para todos y lo justo es que se cumplan”, publicó Olsen.
De acuerdo con la normativa interna, los legisladores están obligados a registrar su asistencia en su curul electrónica, utilizando las laptops asignadas por la institución. Si no lo hacen o no se presentan a la sesión, recibirán una sanción de USD 158,63.
En caso de presentarse con retraso y marcar asistencia fuera del tiempo establecido, la multa será de USD 55,52. Todas las sanciones económicas serán descontadas directamente del rol de pagos mensual de los parlamentarios, lo que permite una aplicación automática y transparente de las medidas.
Estas disposiciones buscan frenar el ausentismo y reforzar la puntualidad en el cumplimiento del deber legislativo. La asistencia y participación activa son especialmente relevantes en debates clave como los relacionados con la seguridad nacional, que han ocupado el orden del día en los últimos plenarios.
La iniciativa ha generado debate en redes sociales, donde ciudadanos y analistas han destacado la necesidad de mayor disciplina y compromiso por parte de los asambleístas. Al mismo tiempo, se espera que estas medidas impulsen una cultura de responsabilidad institucional dentro del Legislativo.
Según el portal oficial de la Asamblea, las sanciones ya están en marcha y serán aplicadas sin excepción, como parte de un modelo de fiscalización interna más riguroso que busca recuperar la confianza ciudadana en la función legislativa.
