La Fiscalía General del Estado informó que Ana Mercedes P. Ll. fue sentenciada a cuatro años de pena privativa de la libertad, en calidad de cómplice del delito de tráfico ilícito de migrantes. Fiscalía demostró su grado de participación ante el Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua. La víctima continúa desaparecida.
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Además, el fallo incluye el pago de una multa y una reparación integral de USD 10.000 a favor de los familiares de la víctima.
Durante la audiencia de juicio, en su alegato de apertura, el Fiscal del caso relató que la investigación inició con la denuncia de la madre de la víctima, quien señaló que Ruth Amparo D. C. (ya sentenciada mediante procedimiento abreviado) y Ana Mercedes P. Ll. ofrecieron trasladar a su hijo hasta Estados Unidos, a cambio de USD 21.000.
El joven, según el Ministerio Público, salió de Ambato el 31 de julio de 2022 con destino a Guayaquil. Continuó su trayecto por El Salvador, Honduras, Guatemala y México. El último contacto con su familia fue el 29 de agosto del mismo año, cuando informó que estaba a tres horas de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, por el estado de Arizona. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Durante el viaje, de acuerdo con Fiscalía, Ana Mercedes P. Ll. solicitó a la familia más dinero. El 11 de agosto los llevó a una oficina de Western Union, donde hicieron tres depósitos a diferentes destinatarios: dos por USD 1.516,96 y uno por USD 2.120,41.
Desde entonces, no se ha tenido rastro del joven.
Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales, entre ellas: oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el informe investigativo de la UNATT-PN, documentación de la Dirección de Prevención de Trata de Personas, el informe pericial de audio, video y afines, órdenes de allanamiento (15 de diciembre de 2022), y reportes migratorios de la víctima y la ahora sentenciada, entre otras.
El delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el artículo 213, inciso 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Cuando este delito provoca la muerte de la víctima, se sanciona con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. En este caso, Ana Mercedes P. Ll. fue sentenciada como cómplice.
