La madrugada del 30 de enero de 2025, la ciudad de Riobamba fue escenario de una serie de allanamientos ejecutados por la Fiscalía General del Estado, en colaboración con la Policía Nacional, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho y otros delitos relacionados con la contratación pública.
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Durante el operativo, se realizaron registros en el Municipio de Riobamba, la Dirección de Movilidad y en los domicilios de cuatro concejales, así como de siete personas adicionales, entre funcionarios y abogados. Entre los detenidos se encuentra Mariano Curicama, ex-prefecto de Chimborazo, arrestado en su residencia en Pallatanga.
Los agentes incautaron diversos indicios, incluyendo celulares, laptops, dinero en efectivo, sustancias ilícitas y documentos que serán analizados en el curso de la investigación. La Fiscalía ha emitido boletas de detención para las siguientes personas con fines investigativos: Edison T. (alias “Amigo”), Galo F. (alias “Galito”), Rafael Q. (alias “Rafael”), Carlos A. (alias “Carlos”), Ramiro V. (alias “Asesor”), Roberto M. (alias “Contratista”), Santiago O. (alias “Santy”), Antonio C. (alias “Toño”) y René L. (alias “Broster”).
Mariano Curicama, quien ya enfrentó procesos judiciales en el pasado, fue condenado en 2019 a un año de prisión por no pagar jubilaciones a funcionarios de la Prefectura de Chimborazo durante su mandato. Además, en 2023, ejercía como asambleísta por Chimborazo cuando cesaron sus funciones tras una sentencia por no cancelar dineros a jubilados de la Prefectura de Chimborazo. Posteriormente, el 7 de junio de 2023, se llevó a cabo la última audiencia de Curicama y la ex-viceprefecta Tránsito Lluco, en la que la Fiscalía presentó pruebas de descuentos salariales ilegales, acumulando USD 920.900. El Tribunal Penal ratificó la culpabilidad de ambos y rechazó la casación, manteniendo la sentencia, que aún estaría en proceso.