En medio de la grave crisis energética que atraviesa Ecuador, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional ha dado luz verde al juicio político en contra de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo.
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Con el voto unánime de sus nueve miembros, el organismo legislativo ha calificado la solicitud presentada por los asambleístas Ana Galarza, Jaime Moreno y Vicente Taiano, quienes acusan a la exfuncionaria de incumplimiento de funciones al no mitigar el impacto de la crisis en el suministro eléctrico.
La crisis energética en Ecuador, agravada por una serie de apagones y racionamientos de energía a nivel nacional, ha generado un gran malestar social.
Según los legisladores proponentes, Arrobo fue advertida con antelación sobre la situación crítica del abastecimiento eléctrico, pero no tomó las medidas necesarias para evitar los cortes de energía que afectaron a miles de hogares y empresas en todo el país.
Esta situación ha colocado al país en una vulnerabilidad extrema, especialmente por su alta dependencia en las hidroeléctricas, las cuales han visto reducida su capacidad de generación debido a la falta de lluvias.
Procedimiento del juicio político
Andrea Arrobo deberá presentar su defensa en un plazo de 15 días, junto con las pruebas que considere relevantes para desvirtuar las acusaciones. En paralelo, los asambleístas deberán aportar las pruebas que sustenten sus señalamientos.
Este proceso está enmarcado dentro del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que regula los procedimientos de fiscalización y control político.
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De no presentarse la defensa por parte de la exministra de Energía y Minas, el proceso avanzará, y la Comisión de Fiscalización podrá, de oficio, solicitar pruebas adicionales. El juicio podría sentar un precedente sobre la responsabilidad política en la gestión de crisis energéticas y la capacidad del Estado para prevenir o minimizar sus impactos.
El juicio político contra la exministra Andrea Arrobo marcaría un punto de inflexión en la política energética de Ecuador. Las decisiones tomadas en el marco de este proceso podrían influir en futuras reformas energéticas y en la planificación de infraestructuras más resilientes ante el cambio climático.
