Cristian Mauricio Ch. y Erick Josías B., exdirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central del Ecuador (FEUE), fueron procesados por su presunta participación en el delito de homicidio culposo.
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La Fiscalía informó este miércoles 9 de octubre que formuló cargos en su contra e inició la etapa de instrucción fiscal, la cual tendrá una vigencia de noventa días.
Los hechos que se investigan ocurrieron el 22 de noviembre de 2019, cuando una estudiante, Gabriela Orbe, falleció al intentar acceder a un concierto que se desarrollaba en el estadio de la Universidad Central, ubicada en el centro norte de Quito.
Durante la audiencia, el Fiscal del caso indicó que, aproximadamente a las 17:00, una multitud que intentaba entrar gratis al evento aplastó a la estudiante, causándole la muerte debido a una asfixia por sofocación y obstrucción de vías aéreas.
El entonces presidente y vicepresidente de la organización estudiantil universitaria, respectivamente, no gestionaron los permisos necesarios con los órganos de control competentes: la Intendencia de Policía, el Municipio de Quito, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, de acuerdo a la información que maneja la Fiscalía.
Esto pese a que el pasado 23 de noviembre de 2019, los entonces dirigentes de la FEUE emitieron un comunicado donde aseguraron que “mantuvieron reuniones” con Intendencia, Policía Nacional, Municipio de Quito, Policía Metropolitana, Agencia Metropolitana de Tránsito, y que existían “compromisos de colaboración y apoyo en el ámbito de sus competencias”.
Sin embargo, según la Fiscalía, la falta de gestión habría provocado el descontrol en el acceso al estadio de la universidad donde se llevaba a cabo el concierto.
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Como medidas cautelares, Fiscalía solicitó al Juez que ordene la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas que los procesados deberán cumplir dos veces por semana ante el juzgado.
Los exdirigentes estudiantiles enfrentan cargos por homicidio culposo, delito que está tipificado en el artículo 145 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde podrían enfrentar hasta cinco años de cárcel.
