El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador admitió a trámite la contrademanda presentada por el Gobierno por posible violencia política de género contra la vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, como respuesta a una demanda similar que ella presentó previamente contra el presidente Daniel Noboa y varios miembros de su administración.
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La causa contra Abad, promovida por la asesora presidencial Diana Jácome, recayó en la neva presidenta del TCE, Ivonne Coloma, quien fijó la audiencia para el próximo lunes 30 de septiembre a las 10:30 hora local.
El proceso por la demanda presentada por Abad, que tenía la audiencia programada para el próximo jueves de septiembre, ha quedado momentáneamente suspendido hasta que se resuelva la recusación del juez Fernando Muñoz solicitada por Jácome, que se encuentra entre los funcionarios denunciados por la vicepresidenta.
Previamente, cuando la demanda fue presentada el 8 de agosto, Muñoz fue destituido como presidente del TCE y en su lugar fue designada Ivonne Coloma. Muñoz no aceptó su remoción y denunció el caso ante la Fiscalía por una supuesta usurpación de funciones.
La demanda bajo la figura de violencia política de genéro podría ser considerada como una “infracción electoral muy grave”, que se sanciona con la destitución y/o suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años y una multa.
Este episodio es parte del enfrentamiento abierto que mantienen Noboa y Abad desde incluso antes de asumir el poder, con un distanciamiento que comenzó durante la campaña electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ganadas por el empresario. En distintas declaraciones públicas, la vicepresidenta ha acusado a Noboa de estar al frente de un supuesto hostigamiento contra ella para forzarla a dimitir y así evitar que deba asumir las funciones presidenciales de manera temporal cuando el mandatario deba delegar el cargo para participar en la campaña electoral de las elecciones de 2025, donde buscará su reelección.
Algunos miembros de la administración de Noboa como el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, han llegado a decir que “sería nefasto” que Abad asumiese temporalmente las funciones presidenciales.
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En una de sus primeras decisiones como presidente, Noboa envió a Abad como embajadora de Ecuador en Israel con la misión de buscar la paz entre Israel y Palestina, una tarea que habría supuesto eventualmente su destitución en caso de haberse negado.
La distancia no calmó la pugna entre ambos, pues el Gobierno votó a favor de levantarle la inmunidad para que fuese investigada por la Fiscalía en un caso de presunta corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia, lo que no llegó a suceder por los votos en contra de la oposición. Ese caso se inició con la denuncia de un exfuncionario de la Vicepresidencia que aseguraba haber sido contratado con la condición de ceder parte de su sueldo al hijo de la vicepresidenta, Sebastián Barreiro, quien fue detenido y estuvo alrededor de 20 días en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, hasta que salió en libertad bajo fianza de 20.000 dólares.
A ello se sumó después la denuncia presentada contra Abad en el TCE por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que la acusa de haber hecho campaña antes de tiempo cuando en las elecciones locales de 2023 era candidata a alcaldesa de la sureña ciudad andina de Cuenca.Durante su estancia en Tel Aviv, la vicepresidenta también ha denunciado encontrarse en una situación de riesgo por el conflicto en ese país y ha acusado a Sommerfeld de negarle un pedido de ausentarse cinco días del cargo por motivos personales.
