La Organización de Estados Americanos no pudo llegar el miércoles a un consenso para presionar a las autoridades venezolanas a publicar “inmediatamente” los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, tras varios días de críticas por falta de transparencia de organismos internacionales y líderes de la región como sus aliados Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva.
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El Consejo Permanente de la OEA se reunió en sesión extraordinaria el miércoles para abordar una resolución, que finalmente no fue aprobada, con la que se instaba a Venezuela a que publicara los datos de la votación del domingo y a verificarlos en presencia de observadores internacionales.
La convocatoria se dio un día después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, urgiera a Nicolás Maduro a reconocer su derrota en los comicios presidenciales o a convocar a una nueva elección.
Brasil y Colombia, cuyos líderes habían exigido transparencia a la autoridad electoral en los últimos días, se abstuvieron. México ya había anticipado que no estaría presente.
Un total de 17 miembros del Consejo Permanente de la OEA votaron a favor, 11 se abstuvieron y cinco estuvieron ausentes, entre ellos Trinidad y Tobago y la propia Venezuela, además de México.
También se abstuvieron Bolivia y Honduras, entre otros. A favor de la resolución votaron Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana, y Estados Unidos, entre otros. No hubo votos en contra.
La reunión del Consejo Permanente de la OEA tuvo lugar en momentos en que la comunidad internacional ha incrementado sus críticas al proceso electoral y le ha pedido a Maduro y a las autoridades electorales venezolanas que muestren las actas de las elecciones celebradas el domingo.
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La presión extranjera fue incrementándose luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara el lunes oficialmente presidente a Maduro, en su segunda reelección para un tercer mandato de seis años, después de difundir resultados que daban al mandatario la victoria electoral con 51% de los votos frente a 44% del candidato opositor Edmundo González.
Miles de opositores han salido a las calles de Venezuela a protestar contra este resultado.
La oposición, liderada por María Corina Machado y González, sostiene que ha ganado los comicios por un margen sustancial y reclama a las autoridades la publicación de las actas electorales.
Gobiernos que representan un amplio espectro político, desde la izquierda a la derecha, se han sumado a los reclamos, incluyendo a Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana y la Unión Europea, entre otros.
La sesión se realizará en la sede de la OEA en Washington y fue convocada por una docena de países: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. México ha mantenido una posición crítica y anticipó horas previas al inicio que no acudiría.
Un día antes la oficina del secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitió un comunicado en el que dijo que “resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral”. De no hacerlo, indicó, “sería necesaria la realización de nuevas elecciones” con observadores internacionales de la Unión Europea y la OEA y nuevas autoridades electorales “para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso”.
Venezuela resolvió hace años retirarse unilateralmente de la OEA, pero aún así Almagro y el Consejo Permanente del organismo han abordado en reiteradas oportunidades la situación del país bajo el argumento de que así ayudan con la democracia en el hemisferio.
Almagro ha sido muy crítico de Venezuela y otros países como Nicaragua y Cuba.
El gobierno de Maduro no le permitió a la OEA enviar a una delegación de observadores para que presenciaran los comicios. Sólo un puñado de expertos extranjeros fue autorizado: una pequeña misión de las Naciones Unidas y otra del Centro Carter, una institución no gubernamental estadounidense que promueve la democracia.
El Centro Carter dijo el martes en la noche que no puede verificar los resultados de las cuestionadas elecciones de Venezuela y señaló la “ausencia de transparencia” del organismo electoral en la difusión de los resultados.
El gobierno de Perú, en tanto, ha reconocido al opositor Edmundo González como presidente electo legítimo de Venezuela y el canciller Javier González-Olaechea dijo que Maduro es “una persona que desea por la vía de la dictadura perpetuarse en el poder”.
Tras ese pronunciamiento, el gobierno venezolano resolvió romper relaciones diplomáticas con Perú.
Asimismo, después de que Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Panamá y Uruguay criticaron la falta de transparencia del proceso electoral, el gobierno venezolano ordenó regresar a todo su personal diplomático en esas naciones y les pidió que hicieran lo mismo con su personal en Venezuela.
El gobierno argentino ha manifestado su preocupación por la situación de seis integrantes del equipo de Machado y González asilados en su embajada en Caracas. Argentina es uno de los siete países de la región a los que Venezuela dio un plazo de 72 horas para desalojar sus sedes diplomáticas.
La canciller de Argentina, Diana Mondino, expresó el martes en la noche que se encontraba en “camino a OEA para defender los valores de la democracia y libertad en todo Latinoamérica”, luego de que la víspera el presidente Javier Milei encabezara una reunión de gabinete en la casa de gobierno que tuvo como eje principal los comicios en Venezuela.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que la canciller Alicia Bárcena no estará en el encuentro. “No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”, afirmó durante su conferencia matutina diaria.
El mandatario mexicano arremetió contra lo que consideró “injerencismo” extranjero en Venezuela pero reiteró que debe haber transparencia en los resultados y, si hay quejas, que se diriman en los tribunales.
“Lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia y una cosa que es muy importante… que no haya violencia”, agregó.
