Una vez conocida la decisión de la Asamblea Nacional, de no levantar la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad, la Fiscalía General del Estado aseguró que continuará con el procesamiento del denominado caso Nene.
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La institución se basa sobre los recaudos procesales con el fin de aclarar los hechos y “determinar responsabilidades, de las personas investigadas siempre sobre la base de la Ley y la verdad procesal”.
Además, reafirma sus compromisos con la ciudadanía de luchar contra la corrupción, por lo tanto seguirá el proceso contra la persona investigada, una vez que termine su período como Vicepresidenta.
Este comunicado responde a que el Pleno de la Asamblea Nacional negó levantar la inmunidad a Abad, para ser investigada por la Fiscalía por un presunto delito de concusión dentro de un caso de corrupción que ella considera como un acto de presión política en su contra por parte del mandatario Daniel Noboa.
Con el voto afirmativo de 75 legisladores, 38 negativos y 20 abstenciones, el Pleno negó autorizar el juicio penal contra Abad y respondió así a la solicitud para desaforar a Abad presentada por la jueza que sigue la causa de presunta corrupción, Daniella Camacho.
El lunes, la Fiscalía vinculó a Abad al caso en el que está involucrado su hijo, aunque ambos niegan los cargos.
La jueza Camacho, que sigue la causa, pidió a la Asamblea que se pronuncie sobre este caso, ya que la vicepresidenta goza del fuero de la Corte Nacional de Justicia, el supremo tribunal de justicia del país.
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Qué dice el Gobierno
En un comunicado, el Gobierno considera que la votación de hoy es la “evidencia más clara de lo que ya conocíamos: un sucio pacto político, en el que prima la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia que merece el país y sus ciudadanos”.
Se agrega que la solicitud de la justicia de levantar la inmunidad a Verónica Abad, solo era cuestión de dejar “que-como en cualquier democracia medianamente estable- los órganos de la función judicial hagan su trabajo”.
Añaden que pretenden “implantar juicios políticos contra varios integrantes del gabinete del presidente Noboa”. Al cerrar la misiva se sostiene que “ningún funcionario está por encima de la ley y la justicia debe determinar si la vicepresidenta cometió una irregularidad y está relacionada con el caso que se le imputa a su hijo”.
