La Fiscalía General del Estado informó que –con base en los elementos encontrados durante la instrucción fiscal– esta causa se traslada a la Unidad de Fuero de Corte Nacional, debido a que existirían pruebas de la presunta participación de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en el Caso Nene.
PUBLICIDAD
El agente fiscal de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Carlos Leonardo Alarcón, señaló que referente al proceso penal iniciado contra Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta, por presunta participación el presunto delito de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República.
“Sobre la base de los elementos de convicción presentados, la jueza especializada en corrupción y crimen organizado que conoció la causa, ordenó prisión preventiva. Durante la etapa de instrucción fiscal, se han practicado varias diligencias entre las que se incluyen, la ampliación de la versión del denunciante, y documentación relacionada a su contratación por disposición directa de la vicepresidenta de la República, así como información telefónica a través de las cuales e determinó la presunta participación de la señora Verónica Abad en esta causa”, señaló Alarcón.
Como la segunda mandataria esta sujeta a fuero de Corte Nacional, conforme al artículo 184, numeral 3 de la Constitución de la República, y el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, el agente fiscal trasladará el caso a la Justicia Nacional.
¿Quiénes tienen fuero por delito de acción pública?
El Dr. Carlos Yánez, abogado constitucionalista, explicó que el FUERO POR DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA está claramente contemplado en el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, mismo que señala:
La Sala de lo Penal conocerá las acciones que, por responsabilidad penal de acción pública, se sigan contra el Presidente o la Presidenta de la República, el Vicepresidente o la Vicepresidenta de la República, los Asambleístas y las Asambleístas, los Consejeros y las Consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia, las y los vocales del Consejo de la Judicatura, el Defensor o Defensora del Pueblo, la o el Contralor General del Estado, el o la Fiscal General del Estado, la Defensora o el Defensor Público General, el Procurador o la Procuradora General del Estado, los Ministros y Secretarias y Secretarios de Estado, el Secretario o Secretaria General de la Administración Pública, las y los Superintendentes, los Consejeros y las Consejeras del Consejo Nacional Electoral, los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral, los jueces de las Cortes Provinciales, y los suplentes de estas autoridades, cuando estuvieren subrogándolos.
Se observarán las siguientes reglas:
1. Será competente para conocer la indagación previa, la instrucción fiscal y sustanciar la etapa intermedia, una jueza o juez, designada o designado por sorteo;
PUBLICIDAD
2. Los recursos de apelación y de nulidad serán conocidos por tres juezas o jueces constituidas o constituidos en Tribunal, designados por sorteo;
3. La etapa del juicio será conocida por tres juezas o jueces, constituidos en Tribunal, designados por sorteo;
4. El recurso de casación será conocido por tres juezas o jueces, constituidos en Tribunal, designados por sorteo; y,
5. Para conocer el recurso de revisión serán competentes tres juezas o jueces que no hubieren intervenido en la causa, conformados en Tribunal; de ser necesario, se designarán tantos conjueces como haga falta, por sorteo.
En estos casos de fuero de Corte Nacional, la investigación pre procesal y procesal penal, así como el ejercicio de la acción penal según lo dispuesto en el COIP, estarán a cargo de la o el Fiscal General del Estado, según explicó el Dr. Carlos Yánez a Metro Ecuador.
