La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunciará el próximo jueves 23 de mayo su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra el Gobierno ecuatoriano. Este suceso se da después de asaltar la embajada mexicana en Quito y detener a Jorge Glas el pasado 05 de abril.
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El máximo órgano judicial de Naciones Unidas convocó una audiencia para el próximo jueves a las 15:00, en la que el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, leerá la decisión sobre la emisión de medidas cautelares contra Quito.
¿Cuándo inició procedimientos México?
México inició procedimientos ante la CIJ el 11 de abril argumentando la existencia de una disputa centrada en “cuestiones legales sobre la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas y la inviolabilidad de una misión diplomática”. Pero, antes de entrar a deliberar en el caso, el país norteamericano consideró necesario que la CIJ emita medidas cautelares.
Entre ellas, solicitó exigir a Quito “tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas”, y que “despeje” los edificios diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos mexicanos en Ecuador.
En respuesta a esta solicitud, la CIJ celebró el 30 de abril y 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de ambos países. El Gobierno de México acusó entonces a Ecuador de “cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional” y de crear “un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional”.
Además, acusó a Quito de “negligencia deliberada” hacia las vidas de las personas que estaban en el recinto y señaló que esta incursión “muestra claramente la falta de respeto de Ecuador hacia las normas fundamentales, aceptadas universalmente y que existen desde hace tiempo”.
En su turno de palabra, Ecuador defendió que el asalto a la embajada mexicana fue un acto “excepcional” y subrayó que el político ecuatoriano ha sido “debidamente condenado” por delitos relacionados con corrupción. Además, enfatizó que Quito ha dado “garantías” por escrito a México de que cumplirá con su deber de respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas.
