La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, tachó de emboscada lo sucedido durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, cuando Pamela Aguirre intentó que en esa misma sesión interviniera el exparlamentario correísta Ronny Aleaga, con orden de prisión preventiva y vinculado por la Fiscalía en un entramado de corrupción y supuestos nexos de políticos con bandas criminales, por lo que Salazar se retiró de la audiencia al considerar que se trataba de un “show” político que quería dar la palabra a un prófugo de la justicia.
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En ese momento, Salazar y otros miembros de la comisión abandonaron la sala al considerar que lo ocurrido era totalmente inapropiado y no constaba en el orden del día.
“Fue una emboscada. Sin embargo, ellos operan así, porque es parte de las estructuras criminales actuar a la sorpresa (...) Si hubiera caído en esta emboscada tendrían que sacarme del caso por conocimiento de la causa, porque ya se mantuvo este contacto con el procesado fuera de la audiencia conforme lo establece nuestra legislación”, ”, dijo Salazar en una entrevista con Fernando del Rincón.
Un fiscal solo puede tener contacto con las personas investigadas frente a abogados y jueces.
Sobre intento de juicio político
El movimiento Revolución Ciudadana inició este martes el trámite de un nuevo juicio político de censura en la Asamblea Nacional contra Salazar. El asambleísta Héctor Valladares presentó los documentos de rigor en la Asamblea con una nueva solicitud de juicio político contra Salazar, a quien acusa de presunto incumplimiento de funciones.
Según Valladares, la fiscal del Estado no ha actuado en torno a información proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que investiga delitos como el blanqueo de dinero o lavado de activos.
La Fiscalía, por contra, respondió a Valladares con otro comunicado en el que señaló que la nueva solicitud de juicio político carece de sustento.Recordó que las acciones del Ministerio Público contra el delito de lavado de activos han sido reconocidas por entidades internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Tienen miedo las organizaciones criminales de cómo podemos probar la infiltración del narcotráfico en la política en Ecuador. Se sumó un pedido del juicio político por lo hechos que fui a informar a la Comisión, pero por lo visto como estaban preocupados por la conexión con el prófugo no entendieron nada, es lamentable le nivel de unos legisladores”, dijo Salazar en CNN.
