La finca San Andrés, el predio de vía a la Costa de Guayaquil donde fueron detenidas 34 personas -entre ellos Jacobo Bucaram- se pronunció sobre el operativo efectuado la madrugada del viernes. Se celebraba un cumpleaños de Celso Moreira, “quien registra antecedentes por asociación ílicita, tenencia y porte de armas”, según la Policía.
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Mediante un comunicado en redes sociales, explicaron que el establecimiento fue arrendado para celebrar un cumpleaños por alguien ajeno a su compañía. “Las instalaciones, las cuales bajo contrato fueron alquiladas a un tercero ajeno a nuestra compañía y giro de negocios, para la celebración de un onomástico, lo que ha sido justificado en legal y debida forma ante la autoridad competente”, dice la misiva.
La Policía, en el allanamiento detuvo a 34 personas, que participaban en una fiesta privada con unos 150 invitados para celebrar el cumpleaños de Moreira. En la redada se han decomisado a los detenidos cerca de cuarenta armas de fuego, un chaleco antibalas, tres cargadores de balas, 1.306 cartuchos, dispositivos de comunicación, teléfonos móviles y dinero en efectivo, según fuentes policiales.
Entre los detenidos también figura el propio Moreira y un presunto cabecilla de la banda criminal Los Águilas, una facción de Los Choneros, la organización criminal más grande y antigua que operan el país, dedicada principalmente al narcotráfico, pero también a otras actividades ilícitas como extorsión, tráfico ilícito de armas y minería ilegal.
Según detalló a periodistas locales William Villarroel, jefe de la Policía para la Zona 8, que comprende Guayaquil y su área metropolitana.
Villarroel explicó que la Policía ingresó en la propiedad después de haber recibido una alerta en la que se indicaba que en esta fiesta “había objetivos de intermedio”.
“Inmediatamente se ingresó con los grupos tácticos y se escucharon disparos en la madrugada en contra de los servidores policiales, pero todos se encuentran bien”, apuntó.
El allanamiento a esta finca se realizó gracias a que seguía vigente el reciente estado de excepción decretado a finales de abril por el presidente Daniel Noboa para combatir al crimen organizado en cinco provincias de la costa de Ecuador, donde durante 60 días quedó suspendida la inviolabilidad del domicilio, por lo que las fuerzas estatales pueden ingresar sin orden judicial.
