La Fiscalía presentó más de 30 elementos de convicción para sustentar el inicio de la instrucción fiscal contra los 14 involucrados -de los cuales 10 son policías- que serían integrantes de una estructura delictiva con nexos con cárteles extranjeros: se les formularon cargos por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, que la cartera lo denominó Caso Jaguar.
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El origen de esta causa tiene como antecedente la instrucción fiscal abierta en Napo por el robo perpetrado en abril de 2022 a la ex Secretaría Técnica de Drogas de esa provincia, de donde se robaron 2.350 kilos de clorhidrato de cocaína. En ese contexto se abrió una investigación previa que permitió conocer que el propósito de este grupo estructurado no sería el de sustraer la sustancia estupefaciente antes señalada, sino recuperarla, porque pertenecería a esa organización.
Estarían vinculados al “Gato Farfán”
Las pericias practicadas a varios teléfonos celulares permitieron extraer información relevante, por medio de la cual se estableció que los procesados eran parte de una estructura delictiva que tenía vínculos con organizaciones y carteles extranjeros, principalmente con Wilmer S. F., alias “Gato Farfán”, líder de una estructura delictiva transnacional que enviaba droga desde Ecuador hacia México para el Cartel de Sinaloa.
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El “Gato Farfán” también dirigía la estructura del cártel Nueva Generación en Ecuador, que es como una filial del Cartel de Jalisco en México.
¿Qué determinaron las investigaciones?
A través de la investigación se determinó que la recuperación de la droga fue perpetrada por varios individuos que utilizaron una camioneta doble cabina, que portaban chompas similares a las que utiliza la Policía del eje investigativo: abrieron las puertas e ingresaron un camión con placas falsas para sustraerse la sustancia sujeta a fiscalización que se encontraba almacenada en el lugar.
Posteriormente, tres personas fueron detenidas durante un operativo, entre ellas Juan Carlos O. La investigación fiscal evidenció que los procesados y otras personas coordinaron, y planificaron la recuperación de la droga.
Por ejemplo, el expolicía Olger O. habría ofrecido dádivas económicas para que el camión con droga no sea revisado por agentes policiales, mientras que los otros procesados habrían recibido dinero y colaborado en la compra de los automotores en Quito, mismos que luego fueron trasladados al Tena para recuperar la sustancia estupefaciente.
El procesado Jorge S., primo de Juan Carlos O., esposo de Mónica S., habría recibido la transferencia del dinero para la adquisición de los vehículos. En cuanto a Shirley R., el Fiscal indicó que ella también habría receptado una parte del dinero en una heladería en Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, los vehículos fueron ocultados en la propiedad de Elizabeth G.
Procesados en Guayaquil
Nueve de los detenidos durante los allanamientos ejecutados la madrugada del 18 de abril –por Fiscalía y la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía Nacional– son procesados por presunta delincuencia organizada para tráfico de drogas.
La Unidad Especializada de Investigaciones Contra la Delincuencia Organizada de Guayas (Unidot-G) abrió una investigación previa el 7 de octubre de 2022, tras haber recibido un parte informativo de la ULCO, en el que se señalaba que un grupo de personas operaba al interior de la institución policial (en sus unidades de élite) para comprar y después evaluar información respecto a casos de incautación de droga.
Coordinaban y financiaban el reclutamiento de miembros activos de la Policía Nacional
Los involucrados, a través de sus líderes, se encargaban de la coordinación y financiaban el reclutamiento de miembros activos de la Policía Nacional, ofreciendo pagos –que oscilaban entre los USD 6 000 y los USD 30 000– por información de investigaciones en curso.
En uno de los domicilios allanados, ubicado en la urbanización La Puntilla, vía a Samborondón, en Guayas, se incautaron cerca de USD 1.3 millones en dinero en efectivo, mientras que en Santo Domingo de los Tsáchilas, USD 160 000; y, en Machala, USD 85 000. Junto a las otras evidencias, fueron ingresadas en su respectiva cadena de custodia.
El Fiscal de la Unidot-G a cargo del caso presentó –en la audiencia de formulación de cargos desarrollada vía telemática la madrugada de este viernes 19 de abril– como elementos de convicción: el parte informativo y de detención, las versiones de los agentes que participaron en las detenciones y de los detenidos, las evidencias encontradas en los allanamientos y los informes de reconocimiento de los lugares de los hechos.
Además, certificaciones de migración, respecto a entradas y salidas internacionales de varios procesados y pericias documentológicas, de explotación telefónica, de inspección ocular técnica, de seguimientos y vigilancia, entre otros.
El Fiscal del caso solicitó –de forma justificada– la prisión preventiva contra todos. Sin embargo, la Jueza Anticorrupción que conoció la causa –a pesar de los elementos de convicción presentados y la exposición de las investigaciones llevadas a cabos desde hace más de año y medio por parte de Fiscalía– solo acogió en parte el pedido y dictó prisión preventiva para Elton A. V. (policía en servicio pasivo) y Freddy L. C. (policía en servicio activo).
Para Argelina C. M., Damián V. R., Anthony E. V., Luis T. C., Luis C. T., Edwin M. V. y Byron V. Ll. (todos policías en servicio activo) ordenó medidas de prohibición de salida del país y presentación cada tres días ante la Fiscalía más cercana a su residencia. La Magistrada también dispuso la prohibición de enajenación de bienes (doce vehículos a nombres de los procesados).