Si los ciudadanos aprueban este domingo la segunda pregunta (Casillero B), cambiaría el contenido del artículo 79 de la Constitución de la República. Ello sería una pieza clave para franquear el camino hacia el combate de la delincuencia organizada, y grupos terroristas identificados como “objetivo militar” del Gobierno. Justamente, hace un par de horas se difundió un listado con nombres y fotos de los principales líderes de estas bandas.
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En la actualidad, la Carta Política no permite en ningún caso conceder la extradición de un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. El cambio que se propone es el siguiente: “La extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos internacionales de los que es parte Ecuador y, en lo no regulado en aquellos, por la Ley”.
La importancia de incorporar esta figura en la Carta Magna vigente es indiscutible. “Es un mecanismo para destruir a las organizaciones narcodelictivas (...) los delincuentes le temen a la justicia de Estado Unidos”. Así lo refiere Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), al extender un panorama del si o el no, a puertas del balotaje del domingo que se da en medio de un conflicto armado interno en el país.
A consideración del legislador de Santa Elena, esta es una de las preguntas más delicadas ya que -además- está ligada con las relaciones con otros países. Aspecto puntual frente a una situación coyuntural, que derivó de la irrupción de la Policía ecuatoriana en la Embajada de México y la ruptura de enlaces diplomáticos con Ecuador.
<b>“Esta pregunta es simplemente la entrega de un delincuente que ha cometido una infracción o acto penal, y que se lo entregue a la justicia de su país de origen, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y esté dentro de las normas judiciales internas”.</b>
Si la mayoría es sí en la interrogante, en el contexto país (hipotéticamente hablando) se podrá devolver a la justicia de otras naciones a delincuentes que han cometido esos actos. Para Vera, significaría una gran oportunidad dentro de la declaratoria de guerra de Ecuador contra el crimen organizado.
En cambio, si los votos por el no son superiores, “quedaríamos como en la actualidad ya que la Constitución no permite la extradición, aunque crímenes de lesa humanidad o genocidios sí plantea, de acuerdo a los tratados internacionales”. Vera aclara que no todo estaría perdido pese a la resistencia opositora proveniente de algunos sectores políticos, “porque hay quienes han cometido delitos y tienen miedo (a la extradición)”.
Plan de inteligencia y cerrar espacios
<b>“La delincuencia organizada pretende que la gente no crea en el Gobierno (independientemente del que esté de turno), con el objetivo de generar desestabilización y se pierda contundencia en la lucha contra ellos”.</b>
Es el análisis del asambleísta Vera al admitir que la inseguridad y la delincuencia no son problemas que se solucionana a corto plazo. En la actualidad, se debe tomar en cuenta varios aspectos; “no solo que la Policía y las Fuerzas Armadas trabajen en conjunto o que los militares estén en las calles”.
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<b>“También se debe ejecutar muy bien un plan de inteligencia para combatir el crimen organizado y prever sus siguientes pasos”.</b>
Otro aspecto ligado a ello, fue que lamentablemente el sistema de justicia está corrompido y el botón de muestra es el caso Metástasis; trama de corrupción judicial descubierta a partir del análisis del teléfono del asesinado narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero.
<b>“En la Policía hay infiltrados (...) están a la carta de la delincuencia organizada. Hay que cerrar esos espacios en la legislación penal. No se ha logrado la reforma al COIP y eso les da a los delincuentes vía libre”.</b>
Como punto final, Vera no dejó pasar “por debajo de la mesa” el tema del porte de armas de manera ilegal. “Cualquier persona que esté armada de esa forma debería sancionarse con cárcel”. A su juicio, quienes hacen ello son delincuentes especializados en extorsión y sicariato. ”Como los últimos hechos violentos ocurridos; el señor del bus de la línea 45 en Guayaquil”, dijo.
Tal situación es desencadenada por una legislación que no permite encarcelar a una persona que anda armada ilegalmente. “Eso es lo que debemos cambiar. Tenemos un reto enorme en la Asamblea Nacional: limpiar más la justicia”, enfatizó el asambleísta, al recordar que si se aprueba el Referéndum y la Consulta, no significa que al día siguiente tendremos otro país.
“Significa un paso de lo que debemos cambiar para combatir a la delincuencia”, cerró Vera.
