La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, con el voto unánime de los ocho legisladores presentes, aprobó el informe sobre la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada por la asambleísta Nicole Saca Baldeón (Acción Democrática Nacional), en contra de Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas del Gobierno de Guillermo Lasso, por el cual recomienda al Pleno de la Asamblea continúe la interpelación, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley, debido al mal manejo de la crisis energética que derivó en el racionamiento de energía, con enormes pérdidas para el país.
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El organismo parlamentario, en sus conclusiones, determina que los apagones que vivieron las familias ecuatorianas, los sectores turístico y empresarial constituyen un problema grave pero prevenible. Que el estiaje o sequía en la cuenca oriental, de donde proviene la generación hidroeléctrica, que representa aproximadamente el 90 % del suministro de energía eléctrica del país, ocurre de manera cíclica en el período de octubre a marzo todos los años. Por tanto, no puede ser calificado como un evento imprevisto. Tampoco existía una declaratoria de emergencia.
Según la comisión, a pesar de que este año se haya agravado el estiaje debido al fenómeno de El Niño, los organismos climatológicos y de riesgos, tanto nacionales como internacionales, ya habían advertido de esta situación desde el año anterior por lo que las autoridades podían prever y tomar medidas, lo que demuestra que hubo improvisación, falta de acciones concretas, así como el incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, al igual que de los mantenimientos programados y la repotenciación de algunas hidroeléctricas y termoeléctricas para suplir la falta de generación durante la sequía.
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También, indica que se inobservaron las alertas emitidas por el CENACE y CELEC EP sobre los efectos del estiaje. La respuesta de las autoridades fue nula o tardía. Jamás se dio la contratación de gas para la Termoeléctrica Machala.
La contratación por parte de Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para aumentar 465 MW fue declarada desierta y el contrato con Energyquil establece unas obligaciones distintas a las manifestadas públicamente por el exministro Fernando Santos Alvite. No se incorporó nueva oferta eléctrica para enfrentar el estiaje, a lo que se suma la compra de energía a Colombia a precios superiores a los del mercado, que le costó al país más de 230 millones de dólares.
La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre (Revolución Ciudadan) destacó el trabajo cumplido por el organismo en la sustanciación de la solicitud de juicio político, el cumplimiento de los plazos y las garantías del debido proceso. Ahora, le corresponde al Pleno de la Asamblea proceder con la fase final del enjuiciamiento político al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite.