El exvicepresidente Jorge Glas, detenido el pasado viernes tras una irrupción policial en la Embajada de México, regresó a la cárcel La Roca, donde se le realizaron exámenes médicos y psicológicos para constatar su estado de salud.
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Glas estuvo internado en el Hospital Naval, donde fue llevado ayer, tras sufrir quebranto en su salud. Hoy en la mañana volvió a La Roca, con un considerable contingente de seguridad que incluyó patrulleros de la Policía, el Ejército y tránsito.
¿Qué le sucedió a Glas?
Se han dicho dos versiones. El Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Infractoras (SNAI) señaló que el exvicepresidente “sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos por este Servicio de Estado, durante las últimas 24 horas”.
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En esa cárcel -apuntó el SNAI- se velará “por la protección de la integridad física” de Glas.
Mientras Andrés Villegas, abogado de Glas, consideró escueto el comunicado del SNAI y se quejó por la falta de información oficial sobre la situación real en torno al quebranto de salud de Glas ocurrido el lunes.
Ello, porque un parte policial -al que tuvo acceso la defensa de Glas- menciona una presunta intoxicación medicamentos, mientras que el SNAI se refiere a una descompensación por la falta de ingesta alimenticia.
La mañana de este martes, el SNAI dijo que Glas permaneció en observación médica durante las últimas horas, en el Hospital Naval de Guayaquil. “De acuerdo con las evaluaciones realizadas por el personal de este establecimiento (...) presenta parámetros de salud aceptables y dentro del rango de normalidad”.
Glas, que había ingresado en la Embajada de México en Quito en diciembre pasado, pidió asilo al Estado mexicano, que se lo concedió el pasado viernes, y horas después el presidente Daniel Noboa ordenó el asalto policial a la sede diplomática para detenerlo, lo que provocó la ruptura de relaciones por parte de México.
El asalto a la embajada ha sido explicado por Ecuador como la lucha contra la corrupción, ya que Glas está procesado por presunta malversación de fondos en un caso sobre la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016, y aún debe completar una sentencia de ocho años en otros dos casos, por los que ya estuvo cerca de cinco años en prisión entre 2017 y 2022, de acuerdo con EFE.