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“Temo por mi vida”: Asambleísta Lorena Rosado contó fue secuestrada durante tres horas

Presentó una denuncia en la Fiscalía por lo acontecido

Asambleísta por Guayas, Lorena Rosado

La asambleísta por el Guayas Lorena Rosado, se pronunció en sus redes sociales tras ser víctima e secuestro al mediodía de este viernes, 22 de marzo de 2024. Tras ese hecho, la funcionaria asegura que teme por su vida.

“El día de hoy mi esposo y yo fuimos víctimas de secuestro por alrededor de 3 horas y robo de mi vehículo, celular y otras pertenencias, alrededor de las 12:00 cuando me trasladaba desde mi domicilio hacia eventos que había sido invitada”.

Rosado rechazó enfáticamente estos actos de delincuencia organizada de los que fue víctima. “Seguramente por luchar desde mi espacio por días mejores para los ecuatorianos”.

Como parte de su accionar, presentó una denuncia en la Fiscalía por lo acontecido, a fin que la justicia investigue el origen de este hecho.

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Agradeció a la Policía Nacional por desplegar el personal a fin de salvaguardar la integridad de su esposo y la suya.

“Al momento me encuentro bien y a salvo, pero temo por mi vida y la de mi familia”.

El país atraviesa un ambiente de alta inseguridad por la acción de bandas criminales que han perpetrado delitos violentos en las cárceles y las calles a escala nacional, una situación que recrudeció a principios de este año.

El pasado 8 de enero, el presidente Daniel Noboa decretó un estado de excepción, así como una situación de “conflicto armado interno”, ante la serie de atentados y acciones criminales.

El estado de excepción, con el que el Gobierno pasó a considerar a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía.

El pasado 7 de marzo, Noboa prorrogó por 30 días el estado de excepción para “garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica” en el país.

El estado de excepción inicial fue decretado cuando el Gobierno se disponía a poner en marcha una política de “mano dura” para recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por bandas criminales, cuyas rivalidades han dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias, de acuerdo con EFE.

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