La Fiscalía General del Estado solicitó al Juez de la sala especializada de lo penal, Dr. Felipe Córdova, que se señale día y hora para para receptar los testimonios anticipados de la fiscal Lidia Sarabia (en calidad de testigo) y de Mayra Salazar, quien fue procesada y es investigada por la trama de delincuencia organizada en el Caso Metástasis.
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Asimismo, en el documento donde realiza la solicitud de la cartera de Estado se indica que la fiscal y la procesada se encuentran ingresadas en el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, que tiene como objetivo salvaguardar la integridad física y psicológica de la víctimas, testigos y otros participantes que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de su participación en una causa penal de acción pública, en todas sus etapas, incluida la fase preprocesal.
Mayra Salazar fue la principal operadora de la red que lideraba Leandro Norero, quien fue asesinado al interior del Centro de Privación de la Libertad, en octubre de 2022. Desde su influencia en la justicia se encargaba de garantizar impunidad y protección. De acuerdo a la investigación que lleva adelante la Fiscalía, sobornaba a jueces, fiscales, políticos, para sacar beneficios.
En su calidad de funcionaria judicial de la provincia del Guayas, mantenía contacto directo con Leandro Norero. Su rol de colaboración la abría efectuado desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que pretendía la organización criminal, como identificar jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos.
Actualización del Caso Metástasis
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, el viernes 15 de marzo, presentó los elementos de convicción suficientes para vincular a trece personas más a la instrucción fiscal del caso Metástasis, que se sigue por presunta delincuencia organizada. Ahora son cincuenta y dos los procesados. Luego de analizar los argumentos de las partes procesales, el juez Nacional Felipe Córdova dictó prisión preventiva para Ronny Xavier A., Marcel Adrián L. Ángel Eduardo L. y Carlos Xavier M. Para los dos primeros, ya que Fiscalía justificó que se encuentran fuera del país, ordenó que se oficie a la Interpol para que se emita una difusión roja a nivel internacional para su ubicación y captura.
Para los procesados: Juan Pablo J., Doris Soraya O., Romel David T., Elio Ernesto A., Myrian Alejandra D., María Yanina V., Eduardo Alejandro R. y Katherine Pilar G. se dispuso presentaciones periódicas cada 15 días y prohibición de salida del país. Claudia Milena G. (ciudadana colombiana) deberá presentarse una vez al mes en la Corte Nacional de Justicia en Quito.
Además, se dispuso la retención de las cuentas que tengan los procesados en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, con la finalidad de asegurar el pago de una posible multa y una reparación. Al momento son 52 procesados en el caso.
