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Asamblea Nacional censuró a Juan José Morillo y destituyó a Fausto Murillo de su cargo como vocal del Consejo de la Judicatura

Esto bajo el incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Asamblea Nacional censuró a Juan José Murilló y destituyó a Fausto Murillo de su cargo como vocal del Consejo de la Judicatura.
Asamblea Nacional censuró a Juan José Murilló y destituyó a Fausto Murillo de su cargo como vocal del Consejo de la Judicatura. Imagen: Metro Ecuador

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 102 votos afirmativos, censuró a Juan José Morillo, exvocal, y, censuró y destituyó del cargo a Fausto Murillo Fierro, hasta hoy vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 131 de la Constitución y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

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Tras la reinstalación de la sesión 907, la presidenta encargada, Viviana Veloz (Revolución Ciudadana), solicitó que se dé lectura a la carta de renuncia irrevocable presentada por la abogada Elcy Celi, vocal suplente del Consejo de la Judicatura en representación de la Asamblea Nacional, dirigida a la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En esta segunda jornada de juicio político, con la reapertura del debate, intervinieron cinco asambleístas, quienes manifestaron su respaldo a la censura y destitución de Juan José Morillo y Fausto Murillo Fierro.

¿Por qué los censuraron?

La moción de censura planteada por el interpelante, Carlos Vera Mora (Partido Social Cristiano), determinó la responsabilidad individual del doctor Juan José Morillo, por tráfico de influencias, y de Fausto Murillo Fierro, por las demás causales, incluida la arrogación de funciones, la falta de gestión para atender la homologación salarial de los servidores judiciales.

Además, la desatención a las demandas de las unidades judiciales del país, y el retraso en la reconstrucción de la sede judicial de Portoviejo, Manabí.

Cabe recordar que, conforme lo determina la LOFL, la censura y destitución conllevan la prohibición de ejercer cargo en el sector público por el plazo de dos años.

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El texto resolutivo dispone remitir el expediente de este juicio político a la Fiscalía General del Estado, a fin de que inicie la respectiva investigación penal en relación con las actuaciones de los referidos exfuncionarios, también a la Contraloría General del Estado y demás instituciones que corresponda, en el ámbito de sus competencias.

Igualmente, ordena notificar con esta resolución a los funcionarios censurados y destituidos, respectivamente; y que se remita copia auténtica al Registro Oficial para su publicación.

“Hoy la Asamblea le abre la puerta a la recuperación de la Justicia en el Consejo de la Judicatura”, subrayó la presidenta encargada de Legislatura, Viviana Veloz, al cierre de la sesión 907 del Pleno.

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