Una de las 39 procesadas por el caso Metástasis, Mayra Salazar, decidió no rendir su versión ya que indicó que teme por su vida. La mujer debía relatar su postura frente a la acusación de presunta delincuencia organizada por parte de la Fiscalía.
PUBLICIDAD
Salazar dijo que quería revelar detalles del caso, pero a último momento dijo que no lo hará por cuestiones de seguridad. Además, su abogado entregó un sobre cerrado que será sometido a pericias en el Laboratorio de Criminalística.
La procesada dijo ante el fiscal delegado, Jefferson Aquieta, que ha “recibido todo tipo de amenazas contra mi vida”.
“El día de ayer nos encontrábamos en un solo pabellón tres personas procesadas del caso Metástasis y en horas de la tarde y noche nos invaden en el pabellón con otras doce personas procesadas que ya se encuentran cumpliendo sus diferentes sentencias, señor fiscal temo por mi vida”, comentó la acusada, según un documento expuesto por la cadena Ecuavisa.
Luego de eso, permaneció en silencio y decidió no contestar más preguntas durante la diligencia.
Luego de horas, el abogado entregó un sobre cerrado y en un escrito adjuntó que el sobre contiene una agenda negra de tamaño pequeño con manuscritos de información.
El rol de Mayra Salazar:
La Fiscalía indica que cuando era funcionaria judicial de la provincia del Guayas tenía contacto directo con el narco fallecido, Leandro Norero. De hecho, hasta habría mantenido una relación sentimental, según se pudo ver en los chats que se develaron.
PUBLICIDAD
Su rol fue desde el ámbito administrativo, armado escenarios idóneos para poder favorecer los fines de impunidad y libertad que pretendía la organización criminal de Norero.
Salazar también identificaba a los jueces que estaban dispuestos a ser sobornados y que apoyaban la criminalidad a cambio de dinero o dádivas. La fiscal Diana Salazar indicó que la mujer “negociaba de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos de Leandro Norero”. Incluso habría manipulado el sistema de sorteos para que los procesos caigan donde estos jueces de la Corte de Cotopaxi.
Salazar es comunicadora social, tenía una fundación y además trabajó en el Parlamento Andino y la Corte Nacional de Justicia del Guayas.
Actualmente, permanece en la cárcel de Chillogallo, en el sur de Quito.
