El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Gerson Chaverra, condenó este jueves en duros términos el “bloqueo violento e ilegal” de manifestantes afines al Gobierno al Palacio de Justicia, acto que consideró “inaceptable”.
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”La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la república situación que además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”, manifestó el magistrado en una declaración.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó este jueves a la Policía que restablezca el orden en las inmediaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, donde manifestantes afines al Gobierno impiden la salida de magistrados de la Corte Suprema, descontentos porque ese tribunal no ha elegido a la nueva fiscal general.
”Aquí la única que ataca la Justicia es la extrema derecha que teme una fiscal decente. Por tanto le ordeno a la Policía Nacional actuar sobre las personas que impiden la libre movilidad de magistrados y presentar un informe público de quiénes se tratan”, manifestó Petro en su cuenta de X.
Los incidentes comenzaron después de que la Corte Suprema de Justicia informara que no pudo elegir este jueves a la nueva fiscal general, que reemplazará al actual titular, Francisco Barbosa, quien termina su periodo el próximo lunes y tiene un agrio enfrentamiento con Petro, que lo acusa de orquestar un “golpe de Estado” para sacarlo del poder.
El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra Castro, manifestó a la prensa que después de dos rondas de votaciones ninguna de las tres candidatas propuestas por Petro alcanzó la mayoría calificada de 16 votos para ser designada fiscal general por ese tribunal, compuesto por 23 magistrados.
”Tengo para informales a ustedes y al país que sesionamos en condiciones de normalidad; adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la nación, hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos”, dijo el presidente de la Corte Suprema.
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Después de esa declaración, un grupo de manifestantes afines al Gobierno que estaban en la Plaza de Bolívar para protestar contra el fiscal Barbosa y exigir a la Corte Suprema la elección de su sucesora de una terna compuesta por las juristas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, rodeó el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, para manifestar su disconformidad.
Según versiones de medios locales, los manifestantes, algunos con banderas de Colombia y de la extinta guerrilla del M-19, en la cual militó Petro en su juventud, impiden la salida de los magistrados, razón por la cual el mandatario ordenó a la Policía que restablezca el orden.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuyo despacho esta situado a pocos metros del Palacio de Justicia, se reunió con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y manifestó que darán prioridad al diálogo para resolver la situación, pero no descartó recurrir a la fuerza policial si es necesario.
”Este es un trabajo que vamos a coordinar con la Policía, con el Gobierno. Nosotros privilegiamos buscar una solución mediante el diálogo pero el Estado nunca renuncia, en caso de determinar que sea necesario, obviamente, a utilizar las herramientas con las que cuenta”, manifestó.
En los últimos días, Petro ha alentado movilizaciones populares alegando que su Gobierno es víctima también de una “ruptura constitucional” orquestada por Barbosa por las investigaciones de la Fiscalía contra personas de su entorno, entre ellos su primogénito, Nicolás Petro Burgos, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El Palacio de Justicia de Colombia fue escenario el 6 y 7 de noviembre de 1985 de una toma de guerrilleros del M-19 que irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo de Estado.
El Ejército retomó al segundo día a sangre y fuego el edificio, con el resultado de 94 muertos, entre ellos 11 magistrados, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.
