A tres años de privación de libertad fue sentenciada María Belén Dominguez, exjueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer. Fiscalía demostró con prueba testimonial, pericial y documental, expuesta ante la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que es autora directa del delito de tráfico de influencias.
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Ella, prevaliéndose de las facultades de su cargo de jueza ejerció influencia en dos ayudantes judiciales para tramitar una acción constitucional que presentó el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, con el fin de conservar su cargo como primera autoridad de la ciudad.
En su alegato, el fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores Pesantez, explicó que los hechos se dieron el 18 de junio de 2021, en las instalaciones del Complejo Judicial Sur de Quito, en Quitumbe.
Esa fecha, la procesada le dispuso a una funcionaria judicial que ingrese la acción constitucional presentada por Jorge Yunda como una causa de violencia contra la mujer y la familia –acto urgente– asistencia judicial recíproca, cuando lo que correspondía, era ingresarla como materia Constitucional, al tratarse de una acción de protección.
Con este procedimiento irregular, dijo el Fiscal, se logró que la causa no se sortee entre los 300 jueces de Pichincha, sino que las posibilidades se reduzcan a los cuatro de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer de Quitumbe a la que pertenecía María Belén Dominguez, quien finalmente conoció el trámite, gracias al proceso atípico.
El Fiscal Provincial de Pichincha fundamentó la acusación citando como prueba los testimonios anticipados de las dos funcionarias judiciales, subordinadas a Dominguez, relatos que fueron reproducidos ante la Sala de la Corte Provincial de Justicia.
Ambas testificaron que la procesada dio disposiciones para que la acción constitucional, solicitada por Jorge Yunda, ingrese de forma atípica.
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Estos testimonios anticipados coincidieron con la pericia de materialización de los chats que mantuvo María Belén Dominguez con las dos funcionarias. Las conversaciones develaron que la acusada interfirió –valiéndose de su condición de jueza– para que la acción constitucional llegue a su despacho.
A la audiencia de juicio también compareció un perito informático que desarrolló un análisis del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje). El experto confirmó a la Sala que sí hubo irregularidades en el ingreso y posterior sorteo de la acción constitucional.
Con estas y otras pruebas más, el fiscal Hernán Flores Pesantez demostró la responsabilidad de Dominguez en el delito de tráfico de influencias.
A más de la pena privativa de la libertad de tres años, los magistrados sancionaron a la procesada con una multa de cuatro salarios básicos unificados.
