La crisis de seguridad que actualmente se vive en Ecuador ha develado varias tramas de corrupción en las que están vinculadas autoridades que pertenecieron al sector público, como el caso Metástasis investigación encabezada por la Fiscal Diana Salazar.
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A raíz del asesinato de Leandro Norero Tigua en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General del Estado permitió obtener varias evidencias, que incluyen los dispositivos celulares con los que el ya fallecido (presunto líder de una organización delictiva dedicada –entre otras actividades ilícitas– al narcotráfico) habría montado su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros.
Luis Córdova Alarcón, Director del Programa Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, en una entrevista con FM Mundo destacó la importancia de la depuración estatal, como un elemento clave para la solución de esta crisis.
“El crimen organizado opera en la intersección de agentes del crimen, agentes del Estado y actores económicos (...) No entendemos que para que exista tráfico de cocaína a través de los bananos debe haber agentes estatales y empresariales dispuestos a participar. Entonces, el Estado si quiere afrontar ese desafío necesita, no solo capturar a los descamisados que andan agarrados una metralleta en la calle, necesita hacer inteligencia empresarial para detectar lavado de activos y cortar flujo de dinero sucio. Y necesita al mismo tiempo depurar sus instancias púbicas, para que desde los funcionarios públicos podamos tener certeza de con quiénes contamos y quiénes son los topos de los criminales”, dijo al citado medio.
Bajo ese mismo fundamento, la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, organización gremial que agrupa a los presidentes de los colegios de ingenieros de las diversas disciplinas a nivel nacional, envió en diciembre de 2023 una propuesta de cooperación en este sentido al presidente Daniel Noboa que incluye la aplicación de un sistema de inteligencia artificial.
¿Cómo funciona?
Para los procesos de selección de la máxima autoridad de cada una de las empresas públicas de los sectores estratégicos han gestionado y puesto a disposición inmediata del Presidente de Ecuador, la donación de un sistema Israelí de pruebas de integridad con tecnología Israelí que detectan el perfil de riesgo de la persona en relación a sobornos, coimas, extorsión, fugas de información confidencial, lavado de dinero, entre otros.
No tendrá costo para el Gobierno
En este sentido, han solicitado una audiencia con el Presidente o la persona que él delegue para entregar la donación mencionada (cero costo para el Gobierno), que marcará un verdadero hito en la lucha anticorrupción del país, al dotarles de la información sobre el perfil de integridad de los prospectos previo a su designación como Gerente General.
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“Al actual Gobierno hemos entregado nuestra propuesta de colaboración que incluye un componente para precautelar los sectores estratégicos donde radica una importante parte de la riqueza nacional. Considero fundamental instituir como estrategia de combate a la corrupción y crimen organizado, la utilización de pruebas de integridad computarizadas como requisito para los cargos de nivel jerárquico superior de todo el estado, incluidos los GADs y las entidades de control. Frente a las denuncias que se escuchan, imagínese si las autoridades aplicarían estos sistemas de gestión del riesgo interno a sus entidades, podrían depurarlas en menos de un mes”, explicó Oswaldo García, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador (SIDE).
Los sistemas de gestión del riesgo interno con base en inteligencia artificial, permiten a las organizaciones conocer los perfiles de riesgo del personal contratado, para generar procesos de prevención y depuración. Constituye la herramienta clave para medir, monitorear, ubicar y prevenir los riesgos asociados al talento humano clave de la organización, entre estos: detección de fraude, sobornos y coimas, extorsión, fugas de información confidencial, robo, lavado de dinero, activismo irregular, acoso sexual, deslealtad a la institución, relación con crimen organizado y terrorismo.
“Hemos conceptualizado un esquema para ampliarlo a todo el nivel jerárquico superior del sector público, sin necesidad de fondos estatales, solamente con decisión política de las autoridades”, menciona García.
En el oficio enviado al Presidente Daniel Noboa le ofrecen además la cooperación de ingenieros especialistas en diversos sectores, que actúen como un equipo consultivo multidisciplinario ad-honorem para retroalimentar a las autoridades de los distintos Ministerios respecto a información sectorial recibida de sus antecesores y apoyarlos técnicamente en tareas emergentes de las distintas áreas que se soliciten, especialmente en lo referente a sectores estratégicos, tales como telecomunicaciones, energía, minería e hidrocarburos.
