El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó este jueves que dispuso el traslado de tres cabecillas de una organización delictiva a una de las cárceles de máxima seguridad del país, La Roca. Esto luego de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, denunciara un presunto plan para atentar en su contra.
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“A la fiscal y a su familia le hemos dado apoyo, no solo de la Policía, sino apoyo militar y resguardo militar”, dijo Noboa en una entrevista radial retransmitida por la Presidencia, en la que aseguró que habla con Salazar “constantemente”.
Y aseveró que le ha reforzado el anillo de seguridad de Salazar, así como a su familia: a su hermano, a su mamá, a su hija.
“Esta mañana ordené que tres cabecillas de ‘Los Lobos’ (organización delictiva) sean trasladados a ‘La Roca’”, dijo Noboa.
El primer mandatario también precisó que el Servicio Nacional de Atención integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) debe acatar su disposición “porque es una amenaza a una funcionaria pública importante”.
Investigación
El SNAI dispuso este jueves que se investiguen las actividades de un sujeto mencionado por Salazar en un presunto plan para asesinarla.
Esa fue su primera reacción a unas declaraciones de Salazar respecto a que “grupos de delincuencia organizada estarían planificando un atentado” contra su integridad.
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Salazar identificó a Fabricio Colón Pico, conocido con el alias de “Capitán Pico” y vinculado a una banda criminal llamada ‘Los Lobos’, como quien estaría detrás de un presunto plan para asesinarla.
Según la fiscal, quienes supuestamente intentan acabar con su vida serían los mismos que, en agosto pasado, habrían planearon el asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado al salir de un mitin proselitista en Quito.
“Quieren callarme, como lo hicieron con Fernando Villavicencio, y ahora lo quieren hacer con la fiscal”, dijo tras insistir en que detrás de ese supuesto plan estaría Colón Pico.
“Lo digo con nombre y apellido. Ahora sí, vengan a asesinarme”, desafió el miércoles la fiscal general del Estado durante una audiencia del denominado caso “Metástasis”, que investiga una supuesta trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por presunta infiltración y sobornos del narcotráfico.
El SNAI indicó este jueves “se están tomando acciones para localizar, controlar e investigar las actividades recientemente realizadas por la persona privada de la libertad y su grupo sospechoso del posible atentado mencionado en las declaraciones de la señora Fiscal”.
Régimen semi-abierto
De acuerdo al SNAI, “la persona privada de la libertad referida en dicha denuncia se encuentra en régimen semi-abierto concedido por disposición judicial y cumplimiento de presentarse cada 15 días ante la autoridad (...), siendo su última presentación el viernes 29 de diciembre del 2023″.
El SNAI indicó que tomó contacto con el oficial a cargo de la seguridad de Salazar y la Policía Nacional para que se intensifique el esfuerzo de búsqueda de información y las medidas de contra-inteligencia y seguridad.
“Se dispuso a los centros de privación de libertad se refuercen las medidas de control al interior de las instalaciones penitenciarias”, añadió.
El caso “Metástasis” es una investigación que inició tras la muerte de Leandro Norero Tigua, quien fue asesinado en el Centro de Rehabilitación Social de la provincia de Cotopaxi en octubre de 2022.
Las diligencias para determinar las causas de su muerte llevaron a Fiscalía y Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron conversaciones (chats) que daban cuenta de presuntas “relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia, y de algunos de sus operadores”, señaló la Fiscalía.
