Multas, destitución de su cargo o suspensión de derechos de participación de seis meses hasta dos años, son las infracciones que establece el Código de la Democracia para los funcionarios públicos que incurran en conductas de proselitismo político en Ecuador.
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Así lo recordó en rueda de prensa el recién posesionado Consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, que en rueda de prensa expuso ejemplos de cómo se estaría haciendo proselitismo político a favor de la candidata a presidenta de Ecuador por la Revolución Ciudadana.
Según el Art. 278.- Las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas desde once salarios básicos unificados hasta veinte salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años. Se aplicarán a quienes incurran en las siguientes conductas:
3. Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promueva aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato.
El Consejero presentó un video donde se evidenciaría dicha infracción:
“No es un tema de interpretación de un video, no puede ser más claro el acto de campaña. Este video fue publicado el 14 de agosto, en plena campaña electoral”.
— Juan Esteban Guarderas, Consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
De manera individual, indicó que va “a enjuiciar ante el Tribunal Contencioso Electoral este caso y solicitará la destitución del cargo”. Como Consejero, dijo: “alerto a toda la ciudadanía sobre esta infracción. No hay la posibilidad de que un servidor público haga campaña por un candidato. Hago un llamado a todos los servidores públicos del país para que no caigan en esta infracción”.
Además, pidió a la ciudadanía reportar al Consejo actos de proselitismo para ejercer su función de Control Social.
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Más funcionarios en la mira de las redes
En redes sociales, varios usuarios publican lo que a su parecer es proselitismo político por parte de funcionarios públicos. El último acto en el que cabría una infracción, según lo menciona el Código de la Democracia, pudo haber pasado en la sesión solemne por el 9 de Octubre en Guayaquil. El alcalde de la ciudad habría invitado a los dos candidatos presidenciales pero solo acudió la candidata de su movimiento político.
Más allá de este hecho, en las imágenes compartidas en redes sociales se aprecia como las figuras del Alcalde de Guayaquil y de la candidata presidenciable son las de mayor protagonismo en las tomas.
El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano llamado a intervenir cuando recibe una denuncia que puede ser presentada por el Consejo Nacional Electoral, algún actor político o por la ciudadanía.
