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Quito: Regularán a los repartidores de comida para disminuir el índice de delitos

El Municipio de Quito tratará la ordenanza

“Nuestra preocupación no surgió de la noche a la mañana, más bien comprendimos cómo avanzaban las nuevas fuentes laborales del país y comenzamos un fuerte trabajo colaborativo, firmando acuerdos con empresas como PedidosYa, Didi, Bicci, Cornershop y Uber, que permitieron al día de hoy, educar e informar a quienes prestan servicios a estas plataformas respecto de cómo acceder al seguro social de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aun antes de la entrada en vigencia de la ley”, expresó Mariana Alcerreca, gerente de Asuntos Corporativos de Mutual de Seguridad.
Preocupación y trabajo colaborativo Delivery/ Referencial (Mutual)

En la actualidad el Código Municipal de Quito no tiene una norma que regule el transporte de comida con servicio a domicilio. Es por eso, que la Comisión de Movilidad del Municipio de Quito, analizará en los próximos días una ordenanza para regular a quienes brindan servicios de delivery en la capital. Esto para disminuir los índices de violencia que cometen los grupos delictivos al disfrazarse de repartidores de comida.

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Ante el incremento de esta nueva modalidad de robos, la concejala Analía Ledesma presentó a la Comisión de Movilidad del Municipio de Quito un proyecto de ordenanza que se encuentra estancado desde 2020. Esto, ya que desde el 2019 incrementó la cantidad de delivery en el país.

Este trabajo también ha servido como fachada para repartir sustancias sujetas a fiscalización, también para cometer robos y asaltos, incluso secuestros.

Esta propuesta de la ordenanza tiene tres pilares:

Seguridad, condiciones laborales y un catastro de prestadores de servicios.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Movilidad, Fernanda Racines, indicó que hay algunos puntos que sobrepasan las competencias del Gobierno Municipal, pero sí consideran que regularlo es una prioridad.

Por lo tanto, tratarán este punto en la próxima sesión e incluso convocarán a los representantes de las plataformas. El objetivo, dicen, es regular la actividad comercial y no laboral.

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