El procesado, Jesús Ramón P. R., sería una de las personas que disparó en contra de un abogado, mientras intentaba entrar al parqueadero del edificio donde laboraba. El hecho sucedió la mañana de este viernes 23 de junio de 2023 en el sector de La Mariscal, ubicado al centro-norte de Quito.
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De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), según las primeras pesquisas en flagrancia, los atacantes se bajaron de un auto y efectuaron ocho disparos en contra del automóvil de la víctima, de los cuales tres la hirieron de gravedad.
Después, huyeron. Sin embargo, en el sector de Guápulo, un agente de tránsito detuvo la marcha de este vehículo al observar que viajaban cinco hombres en él. Al pedirles que se bajen del vehículo y solicitarle al conductor la licencia y papeles del auto, el agente se dio cuenta que eran documentos adulterados.
En ese momento, Jesús Ramón P. R. le preguntó si va a ayudarles o no, mostrándole una pistola que llevaba en la cintura.
Minutos después, tres de los hombres abordaron un taxi y se marcharon del lugar. Acto seguido, el conductor del vehículo detenido y Jesús Ramón abordaron otro taxi rumbo al sur de Quito. El agente de tránsito anotó las placas de dicho automóvil y alertó a la Policía.
Luego de las verificaciones, localizaron el taxi y obtuvieron la dirección de las personas que fueron trasladadas en él, por lo que se allanó una vivienda en el sector de la ciudadela México.
En dicho allanamiento encontraron al ahora procesado, quien tenía las características –tanto faciales como de vestimenta– detalladas en la versión del agente de tránsito y cotejadas con las imágenes obtenidas de las cámaras de video del sector donde ocurrió el ataque.
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Sobre el proceso
En audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía procesó a Jesús Ramón P. R. por homicidio en grado de tentativa. Quedó en prisión preventiva.
La diligencia se desarrolló la tarde de este 24 de junio. Luego de calificarse la flagrancia, la Fiscal de turno presentó ante el Juez más de una docena de elementos de convicción, entre los que se incluyen: versiones de testigos presenciales, de familiares de la víctima, informes de pericias de audio y video, una extracción de secuencia de imágenes, el resultado de una percia de revenido químico, reconocimiento y avalúo de evidencias, entre otros.
La instrucción fiscal se abre por treinta días. Durante este tiempo se conocerán los motivos por los cuales se intentó segar la vida de la víctima.
