El Concejal de Quito, Andrés Campaña, presentó el Proyecto de Ordenanza para la Fiscalización y la Transparencia, con el objetivo de normar el proceso para autoridades y directivos del Municipio de Quito.
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Campaña indica que el proceso de fiscalización dirigido al alcalde y concejales está definido por el COOTAD. Sin embargo, existe un vacío en cuanto a la fiscalización de funcionarios de alto nivel, como gerente de empresas públicas, directorios, administradores zonales, supervisores de agencias de control, etc.
“La fiscalización es importante porque el Municipio está conformado por cerca de 23 mil funcionarios, en más de 60 instituciones. Es muy difícil para una persona y su equipo mantener toda la institucionalidad. Es ahí donde el Concejo Metropolitano debería constituirse en un ente complementario a la función ejecutiva para denunciar las problemáticas de la ciudad”.
“Citaré a la Epmmop como ejemplo. Es una de las empresas más importantes de la ciudad, sin embargo, no ha entregado la información solicitada. Requerimos datos sobre la repavimientación vial, carente de planificación, en la cual se adjudicaron 17 contratos a una persona o grupo relacionado a un valor de más de 23 millones de dólares; contratos entregados para el mejoramiento del parqueadero del Mercado Mayorista donde se seleccionó a una de las ofertas más altas; mal funcionamiento o casi desaparición de la ciclovía en la Av. Amazonas; problemas en el mantenimiento de parques y jardines; precarización laboral de los responsables de Zona Azul, entre otros temas”.
— Andrés Campaña, presentó el Proyecto de Ordenanza para la Fiscalización y la Transparencia.
Para Campaña, la fiscalización debe ser vista como “un proceso de mejora continua”. “No creo en la fiscalización como show político, por lo que la Ordenanza establece parámetros para realizarla, para identificar las problemáticas de la ciudad y, ojalá exista la sensibilidad por parte del alcalde para entender que estos procesos nos permitirán resolver juntos los problemas de la ciudad y establecer responsabilidad si se genera un perjuicio a la ciudad”.
¿En qué consiste el proceso de ordenanza para fiscalización en el Municipio de Quito?
El proyecto establece tres ejes: la eliminación de los concejales de los directorios de empresas públicas, establecer la rendición de cuentas cada seis meses por parte de los principales personeros del Municipio y definir cómo se hará la gestión fiscalizadora.
“Tomamos como referencia una resolución del Concejo Metropolitano de 2016 que establecía el requerimiento de información, la comparencia y las inspecciones de campo. Adicional a aquello, establecimos un proceso de fiscalización que identifica el problema, levanta un informe y se lo presentan a la Comisión de Mesa, que puede ser la Comisión de Planificación Estratégica o de Codificación”.
Luego, se eleva un informe a segunda instancia, donde se ejerce el derecho a la defensa por parte de los funcionarios interpelados. Tras establecer las pruebas de cargo y descargo, se realiza un segundo informe, el cual va a conocimiento del Concejo Metropolitano que resolverá si existe indicios de responsabilidad administrativa, penal, la remoción del funcionario, así como las acciones pertinentes a Contraloría o Fiscalía (dependiendo la gravedad del tema).
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Es un proyecto de Ordenanza, el primero presentado al concejo en funciones. Hace dos semanas fue calificado. Están en funcionamiento las mesas de trabajo para plantearlo a primer debate.
Temas de trabajo para el concejal Andrés Campaña
Nuestra primera convocatoria fue construir juntos una agenda de ciudad. Planteamos temas prioritarios como: la inseguridad, el tráfico vehicular, la reactivación de la economía y la generación de fuentes de empleo, fortalecer el sistema metropolitano de salud y la apuesta por un Quito verde y azul, es decir, Quito sin minería, movilidad sostenible, incentivar la peatonización, extensión de red de ciclovías, tratamiento de desechos sólidos y agua residuales, políticas de fauna urbana, entre otros.
