La Justicia ordenó este lunes prisión preventiva para Alexander G., cadete de la Policía Nacional, por presunto abuso sexual en contra de ocho estudiantes de esa misma institución.
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El hecho habría ocurrido la noche del pasado 20 de mayo, al interior de la Escuela Superior de Policía, en Quito, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Según lo expuso el agente fiscal del caso ante el juez que conoció la causa, Alexander G. habría ingresado a las habitaciones de los cadetes de primer año, supuestamente por un control de pijamas, es decir iba a inspeccionar que los estudiantes durmieran con la vestimenta apropiada, reza el escrito.
“En este lugar, usando un pasamontañas para no ser reconocido, el procesado abusó sexualmente de las ocho víctimas, no obstante fue aprehendido en delito flagrante”, narró la Fiscalía en el comunicado.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el agente fiscal presentó los elementos de convicción recabados como la versión del agente aprehensor, las pericias psicológicas practicadas a las víctimas, las valoraciones médicas y las versiones de cadetes de guardia del edificio donde ocurrió el suceso, entre otros.
El plazo de la instrucción fiscal será de 30 días, indicó la Fiscalía antes de recordar que el delito de abuso sexual está tipificado en el artículo 170, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya pena privativa es tres a cinco años.
La Escuela de Policía, también estuvo envuelta en uno de los mayores escándalos de violencia, pues es en el que desapareció y se presume fue asesinada la abogada María Belén Bernal, cuyo esposo, Germán Cáceres, es juzgado por femicidio en un proceso que está cerca de una sentencia.
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En ese caso, el cuerpo de Bernal apareció cerca de ese recinto donde su esposo ejercía de instructor y quien según las indagaciones ocultó el cadáver, se fugó del país y fue capturado en Colombia.
Ese caso generó conmoción en el país por el hecho de que el crimen tuvo lugar en un recinto policial, por lo que incluso la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, lo ha calificado como un crimen de Estado.
