La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) clausuró en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura, un establecimiento que ofertaba tratamientos contra las adicciones sin contar con el permiso de funcionamiento requerido.
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Esto se dio luego de una denuncia que hizo llegar la Defensoría del Pueblo, en la que se manifestaba que en el lugar se realizaban supuestos tratamientos de “deshomosexualización”.
Los argumentos presentados en la denuncia alertaron a la Acess, pues dentro del Acuerdo Ministerial 0000080 donde se expide la Normativa Sanitaria para el Control y Vigilancia de los Establecimientos de Salud que prestan servicios de tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, se establecen claramente varias prohibiciones como:
- Mantener internos a los pacientes contra su voluntad.
- Promover prácticas de intimidación, violencia, acoso, abuso sexual, de género y otras.
- Discriminar a los pacientes por su condición social, origen, identidad étnica, sexual, religiosa o cultural.
- Utilizar cualquier forma de maltrato físico, psicológico, sexual, violencia de género sobre las personas, a través de torturas o penas crueles inhumanas, degradantes.
- Retener o someter a personas por medios violentos físicos o psicológicos, para proceder a su internamiento forzado.
- Ingresar a propiedad privada con el fin de retener o someter a una persona.
- Ofrecer tratamientos para trastornos tales como el “tratamiento para la homosexualidad”, tratamientos para patologías como trastornos de personalidad y problemáticas de conducta.
La posible vulneración de los derechos de los pacientes y las faltas a la normativa sanitaria vigente, permitieron que la Acess realizara la evaluación de la infraestructura, equipamiento, talento humano y normativas conexas del lugar. Se detectó que no contaba con el licenciamiento ni con permiso de funcionamiento otorgados por la Agencia.
Por tal motivo, se adoptó la medida provisional de clausura, con el fin de proteger el derecho a la salud de los 18 pacientes, entre ellos un menor de edad, que se encontraban en el sitio.
También detectó inconvenientes con el manejo de los desechos del establecimiento, lo cual se agregará al informe correspondiente.
Los pacientes fueron evaluados por los profesionales del Ministerio de Salud Pública, quienes brindaron acompañamiento durante el operativo. En el caso del menor de edad, se hizo contacto con sus padres y fue puesto a disposición de ellos.
