Tribunal acogió los argumentos expuestos por la Fiscalía General del Estado y declaró la culpabilidad de Bryan F. (Agente Metropolitano de Tránsito) por la muerte culposa de una persona que se transportaba en una motocicleta. Ocurrió el 20 de noviembre de 2021 en la avenida Simón Bolívar.
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En la sentencia se estableció una pena privativa de libertad de 8 meses, además de la suspensión de su licencia por seis meses y el pago de 19.200 dólares a los hijos de la víctima, como reparación integral, así se detalla en un boletín de la Fiscalía.
Además, él y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) –de forma solidaria– deben pagar 21.600 dólares por concepto de reparación inmaterial. Así como la presentación de disculpas públicas por parte del sentenciado y de la mencionada institución.
El hecho ocurrió el 20 de noviembre de 2021 en la avenida Simón Bolívar de Quito. El ahora sentenciado –que conducía una camioneta de la Empresa Metropolitana de Movilidad– realizó un giro para tratar de incorporarse a la circulación en el sentido contrario, maniobra que no completó, obstaculizando el carril de circulación por el que transitaba la víctima en su motocicleta, provocando que se impactara a gran velocidad con el automotor que conducía el agente de Tránsito, lo que causó su muerte.
Durante la audiencia de juicio, el fiscal Paúl Villarreal demostró que el conductor del vehículo municipal no tomó las medidas de seguridad vial, tendientes a evitar un accidente de tránsito, ya que giró en un lugar no habilitado para hacerlo; y que –luego del accidente– no brindó atención a la víctima que se encontraba tendida en la vía pública.
Para ello se presentaron los testimonios de personas que presenciaron el hecho y describieron que la camioneta no tomó las medidas se seguridad necesarias para gira.
Además, se incluyeron los informes de reconocimiento del lugar de los hechos y los periciales que determinan las causas del accidente, el acta de levantamiento del cadáver, el informe de autopsia, entre otros.
Esas pruebas fueron suficientes para que el Tribunal dicte sentencia contra el procesado y disponga que se oficie a la Agencia Metropolitana de Tránsito para que investigue la conducta de los agentes de Tránsito que estuvieron presentes en el hecho.
También que se remitan copias certificadas del proceso a Fiscalía para que se inicie una investigación por un presunto fraude procesal.