El informático sueco Ola Bini fue declarado inocente por unanimidad. Está procesado por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. La audiencia continúo este 31 de enero de 2023, después de múltiples suspensiones y diferimientos. Inicialmente se había instalado en enero del año pasado.
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La defensa del sueco presentó pruebas con el objetivo que se declare inocente a su cliente. Esta resolución será apelada por la Fiscalía.
La diligencia se realizó en el Complejo Judicial del Norte de Quito. Carlos Soria, abogado de Bini, confirmó en Twitter que el Tribunal ratificó la inocencia del sueco.
Fue lo que escribió el letrado, quien ha criticado que la Justicia ecuatoriana haya tardado tanto tiempo en resolver este caso y por el que el informático sueco no ha podido abandonar el país.
También la organización de defensa de derechos humanos Inredh, que ha seguido el caso, aseguró en sus redes sociales que el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha ratificó la inocencia de Bini y dejó sin efecto todas las medidas cautelares que tenía en su contra desde que la causa inició en 2019.
El informático sueco fue detenido luego de una acusación formulada por la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, de haber supuestamente participado en actividades que pretendían desestabilizar al Ejecutivo de entonces.
Sin embargo, esas acusaciones no prosperaron por falta de pruebas y finalmente Bini fue acusado de un delito por acceso ilegal a sistemas informáticos.
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Bini, de 40 años, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo de Assange en su embajada en Londres.
Según la Fiscalía ecuatoriana, la causa contra Bini, ahora disuelta, se debía a la sospecha de que el informático había accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.
No obstante, la defensa de Bini criticó la acción fiscal y denunció una serie de irregularidades en el proceso que debió haberse sustanciado en 2019, pero que fue suspendido en repetidas ocasiones.
Con información de EFE
